Los Gobiernos se eligen para gobernar y los ministros para tomar decisiones. Parece obvio pero, tal y como están las cosas, conviene recordarlo. No se eligen gobernantes para que esquiven los charcos, sino para que los pisen y, si pueden, los arreglen. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han salpicado la finísima piel de la economía española con sus análisis y acciones sobre dos sectores clave como son el turismo y el sector agrario.
Garzón achacó al turismo, el motor económico del país, tres características negativas a tener en cuenta: estacionalidad, precariedad y escaso valor añadido. El ruido y el escándalo forzado en torno a la declaración no cambian la realidad. Las tres características son ciertas. La definición de alto valor añadido se aplica a productos o servicios cuyo proceso de transformación requiere de conocimientos avanzados y cuyo proceso productivo es complejo. La cabina de un Airbus, por ejemplo. El sector turístico español no encaja bien en la definición.
Con una vinculación creciente a los fondos de inversión internacionales desde la anterior crisis financiera -más presión para ajustar costes-, el sector aprovechó la reforma del mercado laboral de 2012 no sólo para flexibilizar las plantillas, sino para externalizar departamentos enteros de las empresas hoteleras como la limpieza de pisos. "Nuestro sector hotelero es de personas, no es tecnológico" aseguraba el empresario Antonio Catalá hace cuatro años. Una forma de decir sin decir.
La crisis dela Covid-19 ha sensibilizado hasta el extremo la epidermis de algunos sectores y agentes económicos. La orden de la Inspección de Trabajo para supervisar las campañas agrícolas de mayo y junio así lo demuestra. Todo comenzó con una nota dirigida a las direcciones provinciales para informar de la “detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales”. En concreto, mencionaba “los casos de explotación laboral y de trata de seres humanos para la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre”.
La nota de la Inspección ha sido San Quintín sin El Escorial. Las organizaciones agrarias -ASAJA, Coag- tiraron por elevación contra la ministra de Trabajo Yolanda Díaz (IU, PCE) por mandar a los inspectores a hacer su labor. Como si en el campo español se dieran comportamientos fraudulentos o condiciones de empleo propias de otras latitudes. Lo cierto es que las hay. Hace apenas tres meses, el relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, realizó una visita de dos semanas por España y a su término declaró haberse quedado “pasmado” ante la situación de colectivos como los recolectores de fresa en Huelva, que viven “como animales” mientras grandes empresas “ganan millones de euros”.
Puede que Alston sea un exagerado. Quién sabe. Es posible que no le gusten los agricultores españoles. Pero los datos de la Agencia Tributaria son demoledores. El sector agropecuario encabeza el fraude a la Seguridad Social por el empleo de trabajadores en negro y tributa muy por debajo de sus ingresos reales. Lo dicen los técnicos de Hacienda de Gestha. Los números de 2017: 47.149 sociedades agrarias registradas con 55.314 millones de euros en activos; beneficio promedio por empresa de apenas 3.234 euros anuales y un 87,6% de los empresarios agropecuarios sin empleados en plantilla. Como para presumir de piel fina.
El revuelo desatado en torno a la reforma laboral aprobada por el PP en 2012, por decreto y sin diálogo social, es otro ejemplo de la fragilidad de un sistema que se resiste a combatir las causas de la desigualdad creciente. La derogación de la reforma laboral es parte del acuerdo de Gobierno pactado por el PSOE y Unidas Podemos y cumple con el programa político que adelantó Pedro Sánchez cuando accedió a la secretaría general de su partido hace tres años.
La patronal CEOE y la oposición -interna y externa- sostienen que con la crisis de la Covid-19 no es el momento de acometer una reforma de tanto calado. En realidad, nunca es buen momento para renunciar a una situación de ventaja. No lo fue cuando la economía crecía por encima del 3% y no lo es ahora, cuando se anuncian millones de despidos tras los ERTE. Las razones para mantener el marco legal, que forzó el cambio más profundo del Estatuto de los Trabadores en 30 años, no son muchas aunque tienen peso.
Básicamente, explican que a los mercados –o a los inversores, según la versión- les gusta que las empresas en las que invierten ganen mucho dinero y para eso, la reforma del PP se ha demostrado buena. Añaden que a la Comisión Europea – y a los países que más mandan en la UE- no le agradan los giros bruscos, especialmente si son a la izquierda y en el Sur. Sánchez, Iglesias, Díaz y Garzón son, en suma, los adelantados de un Gobierno que pisa charcos en un sistema y en una economía con la sensibilidad a flor de piel. Para eso están.
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