Nos quedamos sin industria. Este año, la cartera de pedidos acumula una caída del 4,4%. En septiembre, el desplome fue espectacular, un 7%. Los porcentajes son cargas de profundidad en el empleo. Hasta julio, los expedientes de extinción, de suspensión de empleo o directamente de reducción habían afectado a 29.000 trabajadores. Por tener referencias, la cifra es un 85% superior a la que se registró un año antes. Como remarcaba la información de Begoña Ramírez (InfoLibre) sobre el desplome, los trabajadores afectados en lo que va de año por despidos colectivos en el sector superan ya los registrados en todo 2017 y 2018.
La caída de actividad industrial supone descender un peldaño más hacia el empobrecimiento colectivo y el deterioro del mercado de trabajo. Hay una razón. La industria es el sector que genera más empleo de calidad. El 74% de los contratos son indefinidos; el 95% son a jornada completa y los salarios se sitúan casi un 20% por encima de la media nacional. La ecuación es simple: menos industria equivale a menos empleo y a más precariedad.
Los datos de consumo de electricidad del último año, según el índice mensual que elabora cada mes Red Eléctrica de España (REE), muestran una realidad muy preocupante. De octubre de 2018 a septiembre de 2019, el consumo eléctrico de la industria ha caído un 5,6% frente al 0,9% en los servicios. La inestabilidad política y comercial ha frenado la actividad económica en todo el mundo. También en España, pero el deterioro del sector industrial tiene una dinámica propia. Los sectores más afectados son los de fabricación de vehículos y la siderurgia, con caídas en el consumo de electricidad en el último ejercicio que se sitúan entre el 10% y el 11%.
Son malas perspectivas para un país que es el segundo fabricante de automóviles de Europa y el octavo del mundo. En su conjunto, con fabricación y servicios, el sector emplea a 160.000 personas. La industria languidece y el país se aleja del objetivo comunitario para que el sector tenga un peso del 20% del PIB en 2020. Hace dos décadas, la industria pesaba en España un 19% del PIB. Hoy apenas si llega al 16%, según el último Barómetro Industrial del Consejo General de Economistas (CGE). Sin construcción, la industria se queda con un peso del 12,6% del PIB, con una caída de casi cuatro puntos en apenas ocho años.
¿Cómo hemos llegado aquí? La sentencia del matador Juan Belmonte puede servir: degenerando y no invirtiendo en investigación y desarrollo (I+D), un área clave en la que se acumula una década de dejadez. El Índice de Complejidad Económica elaborado por el Observatorio del MIT Media Lab perteneciente al Instituto de Tecnología de Massachusetts, situaba a España en el año 1995 en un puesto similar al de Corea del Sur, Singapur o Chequia, propio de países de tecnología media. En estos últimos veinte años el Índice de Complejidad Económica ha pasado de un 1,32 a un 0,94. El país ha perdido posiciones. Estamos en términos de comparación internacional peor que la Corea del Sur de hace veinte años.
Parece claro que hay que buscar alternativas para mejorar la situación. No se trata sólo de convencer a británicos, alemanes, nórdicos e italianos de que merece la pena visitar también la España interior y no solo las playas para mejorar las cuentas del turismo. Se trata de encontrar la manera de incentivar la inversión en I+D del sector público y privado y apostar por actividades relacionadas con los cambios en la economía internacional. Las energías renovables y la rehabilitación de viviendas para ahorrar consumo energético son caminos razonables.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) puede ser un buen camino. Es posible que los objetivos que plantea, así como sus efectos beneficiosos sobre la economía estén sobrevalorados. Pero la vía parece correcta. Incluso aunque no se lograran movilizar los 236.000 millones que contempla el plan entre 2021 y 2036, incluso aunque no se crearan los 364.000 puestos de trabajo que se prometen hasta el año 2030, merece la pena explorar esa vía. De ella depende el futuro de tres sectores esenciales para la economía española que están en plena transformación: las renovables; el sector de automoción y el vehículo eléctrico y la construcción.
Las petroleras lo han entendido. Las empresas que hace un año cuestionaron en público y en privado los planes del Gobierno -ahora en funciones- para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero han cambiado de estrategia. Ofrecen arrimar el hombro a cambio de medidas favorables, tanto regulatorias como fiscales. Todo antes que la extinción.
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