Jubilado: la misma palabra lo dice

El debate sobre el futuro de las pensiones en España se ha animado con las diferencias, más que evidentes, entre los dos partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. El ministro José Luis Escrivá (PSOE) pretende extender la edad de jubilación todo lo posible mientras que la ministra Yolanda Díaz (Unidas Podemos) apuesta por animar la contratación de los jóvenes -40% de paro entre los menores de 25 años- más que por mantener a septuagenarios en el mercado laboral.

Las propuestas del ministro de la Seguridad Social nacen directamente del vacío: la Seguridad Social no tiene dinero, tiene déficit, y no sabe cómo se podrá pagar el retiro de los nacidos entre 1960 y 1975, el grupo de edad más numeroso que está llegando a la edad de retiro oficial. Las ideas de la ministra Díaz, por su parte, nacen de una realidad lacerante: hay una generación condenada, que enlaza una crisis tras otra y cuyo futuro debe ser una prioridad de los Gobiernos, sea cual sea su color.

El debate, que interesa especialmente al sistema financiero –bancos y aseguradoras huelen negocio- está plagado de intereses y, cómo no, de limpísimos “papers”. Una orgía de datos, porcentajes, estudios, fuentes autorizadas o seudoautorizadas y estadísticas. Muchas estadísticas. Prácticamente hay una para cada argumento y, a pesar de la presunta calidad y complejidad de los estudios, llama la atención la simplicidad de algunas conclusiones. Por ejemplo, la que niega cualquier relación entre las dificultades de los jóvenes para acceder al mercado laboral y las de los mayores para abandonarlo. La realidad siempre es más compleja y las plantillas macroeconómicas valen para lo que valen.

El sistema de pensiones no está garantizado; si lo estuviera no habría debate. Ni Pacto de Toledo.

Lo mismo que las valoraciones políticas. Un ejemplo: la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero (PSOE) ha intentado templar el enfrentamiento en la coalición de Gobierno al explicar que los ministros Escrivá y Díaz no están tan enfrentados porque Escrivá nunca habló de extender la edad de jubilación “oficial”, sino la edad de jubilación “real”. Montero remató la faena intentando tranquilizar al personal con una afirmación piadosa pero irreal: el sistema de pensiones, dijo, está garantizado. No es cierto. Si estuviera asegurado no habría debate, ni Pacto de Toledo, ni choques entre los socios de Gobierno. Por el contrario habría consenso políticos y leyes para blindar los derechos de un colectivo maltratado.

La gestora de fondos del banco francés de inversiones Natixis elabora cada año un índice que mide la calidad de la jubilación en más de 40 países desarrollados. Para elaborarlo tiene en cuenta, entre otros factores el bienestar material -relacionado con la cuantía de la pensión-, la calidad financiera, la salud y la calidad de vida. España no queda muy bien en el estudio. Ocupa el puesto 31 de un total de 44 países. En Europa, sólo están en peor situación los jubilados de Chipre, Lituania, Letonia y Grecia.

No es para presumir y, sobre todo, no permite calificar a los jubilados como privilegiados que perciben del sistema más de lo que aportaron. Especialmente cuando las medidas para gastar menos en pensiones –como las que baraja Escrivá- apuntan hacia trabajadores con carreras largas de cotización, muchos de los cuales -más de tres cuartas partes, según los sindicatos- llegan a la jubilación obligados desde el paro. Ni el PP ni el PSOE pueden sacar pecho en el debate que se ha abierto.

El PP carga con la reforma del año 2013, unilateral y aprobada al margen de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

El PP carga con la reforma de las pensiones del año 2013, unilateral, con sus únicos votos y aprobada al margen de las recomendaciones del Pacto de Toledo en el que participaba el propio partido. El PSOE, por su parte, tiene que afrontar el no haber derogado aquellas medidas, lo que deja abierta la posibilidad de aplicar el índice de revalorización de las pensiones (IRP) y el factor de sostenibilidad que recorta el poder adquisitivo de los pensionistas. No, las pensiones del sistema público no están están aseguradas.

Jubilado remite al latín “iubilare” -gritar de alegría, de júbilo-, a una reacción natural al recibir una buena noticia. Si no para gritar de alegría, la jubilación -todavía un derecho- debería ser motivo de satisfacción al asegurar una vida digna al término de la etapa laboral. De momento no es así para la mayoría de los pensionistas, que llevan reclamando años una prestación suficiente para cubrir las necesidades mínimas. El problema se arrastra de antiguo. En La Gran Familia (1962), el actor Pepe Isbert –el abuelo- resumía el asunto así: “Jubilado, jorobado, la misma palabra lo dice”. Se lo advertía a la generación del baby-boom que retrataba la película de Fernando Palacios. Lástima que nadie en 60 años le haya hecho caso.