La amnesia y los silencios de las grandes fusiones

La banca nació para ganar dinero. En ese empeño, se las ha apañado incluso para disputar a los Estados la capacidad de crearlo. Ni tiene sentimientos, ni tiene humor, ni tiene memoria. No los necesita. Su objetivo es obtener beneficios y repartirlos entre los accionistas. Los bancos financian la actividad de las empresas y de los particulares. Es una función vital para el funcionamiento del sistema y en España se realiza sin contrapeso público y con una creciente –y peligrosa- concentración. La última gran operación, la compra de Bankia por CaixaBank, ha vuelto a colocar en el tapete de los grandes debates el rescate del sistema financiero en el año 2012 –41.000 millones-; la práctica desaparición de las cajas de ahorro; la utilidad –o no- de una banca pública y la bondad de las concentraciones bancarias en un contexto de cuatro años de bajos tipos de interés.

En el debate se han incrustado como datos probados, indiscutibles, hechos que no lo son. Cuestión de mala memoria. Por ejemplo, se afirma que el rescate europeo del año 2012 no fue a la banca, sino a las cajas de ahorro, mal gestionadas por directivos plegados a los intereses políticos. No es verdad. El origen de la catástrofe fue la orgía de crédito para financiar el boom inmobiliario y de consumo de la década de 2000, con un nulo control de riesgos sobre quién recibía el dinero fácil un endeudamiento masivo de las entidades para prestar mucho más de lo que tenían en depósitos. Todo aderezado con la inacción absoluta del Banco de España para frenar los excesos.

Las cajas abusaron. Y los bancos. La lista de prácticas discutibles de la banca es larga. Basta recordar las más de cuatro millones de hipotecas con cláusulas suelo y el millón largo de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas colocadas desde el año 2007 que aumentaron artificialmente el capital y el crédito inmobiliario y que, en realidad, constituyeron un primer rescate efectivo al sector. Un rescate que complementó la creación del banco malo (Sareb) para gestionar el ladrillo bancario dañado y los 30.000 millones en créditos fiscales “convalidados” a los bancos para reforzar su balance. Mala memoria.

En el fragor del debate se ha quitado importancia a la inexistencia en España de una banca pública merecedora de tal nombre. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) está a años luz de las entidades estatales o con capital público que han demostrado su eficacia para engranar el sistema financiero en países del entorno como Alemania, Francia, Italia o los Píses Bajos. Los grandes capitanes del sector como el presidente in pectore de la nueva entidad fusionada, José Ignacio Goirigolzarri, siempre han cuestionado la utilidad de una banca controlada por el Estado. Un exgobernador del Banco de España -Luis María Linde- resumió la opinión más extendida en la cúpula bancaria: “Puede existir alguno –en referencia a un banco público- que funcione bien” dijo “pero no es probable”

Los banqueros que dudan de la sostenibilidad de la banca pública y esgrimen el desastre de las cajas y su politización como vacuna contra la tentación de crearla, olvidan que en Alemania hay decenas de entidades controladas por autoridades públicas y gobiernos federales que en buena parte explican la fortaleza de su tejido empresarial; olvidan que en Suiza funcionan entidades cantonales con un importante papel en el desarrollo de proyectos empresariales dentro y fuera del país y, olvidan, en fin, que países como Noruega cimbrean los mercados bursátiles en medio mundo a conveniencia desde su sector financiero público, el mismo que asegura las pensiones de sus ciudadanos.

El ejercicio de desmemoria afecta también a aspectos clave de la operación como el futuro de la participación pública o el coste –si lo hay- de los recortes de personal en las entidades fusionadas. No se puede olvidar que el Estado apuntaló a Bankia en 2012 con 24.000 millones que no han sido recuperados. El Fondo de Recuperación Ordenada Bancaria (FROB), que controlaba el 61% de las acciones de Bankia pasará a tener un 16% de la nueva entidad con acciones valoradas en menos de 3.000 millones y pocas posibilidades de conseguir devolver a las arcas públicas el dinero que estas aportaron en su momento. Al menos a medio plazo.

La gran fusión de CaixaBanl y Bankia requerirá un ajuste en el empleo y de oficinas. Las grandes empresas y los grandes bancos han recurrido en los últimos años a las prejubilaciones para aligerar la carga de personal y los costes. La expulsión de mayores de 50 de las grandes empresas y bancos es un error. Con despidos a miles y prejubilaciones a los 53 años pueden mejorar los balances. Pero es imposible que gane el conjunto del país. Incluso si los despidos se hacen mediante Planes de Suspensión Individual (PSI) -Telefónica-, sin coste aparente para las arcas públicas, en lugar de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que si tienen un coste para la Seguridad Social. El mensaje que llega a la sociedad es de desánimo: los trabajadores maduros donde mejor están es en casa. Eso en un país que ha retrasado la edad de jubilación oficial a los 67 años. Algo no cuadra.

La grandes operaciones de concentración que se anuncian próximas tienen carácter defensivo, según coinciden todos los analistas. Son escudos para aguantar los golpes que se adivinan próximos -aumento de la morosidad,descenso del negocio tradicional, competencia y tipos hundidos-. Pero nada justifica envolver la operación en la niebla, hurtar el debate y enterrar el pasado y la memoria. Ya lo dijo el poeta: es tan triste el olvido. Claro que la banca tampoco necesita poetas. La tristeza, ni cotiza en Bolsa ni pide créditos.