La electricidad es una commodity, un producto que tiene un valor económico y que se negocia en un mercado regulado, el Mercado Ibérico de Electricidad (Mibel) que engloba a España y Portugal. En los últimos meses, especialmente desde mayo, se ha convertido en una commodity incómoda para el Gobierno y más que incómoda para 25 millones de usuarios. El precio de la electricidad sube como la espuma, la opinión pública está alarmada y algunos de los partidos que apoyan al Ejecutivo de Sánchez reclaman menos palabras y más acción. En palabras de Pablo Iglesias (Unidos Podemos): “Si el Gobierno quiere entenderse con nosotros hay que cortar el paso a los abusos de las eléctricas”.
De momento, la ministra sobre la que recae la tarea de mejorar el funcionamiento del mercado para sujetar los precios, Teresa Ribera, tantea el terreno. La titular de Transición Ecológica, que fue secretaria de Estado de Medio Ambiente con el último gobierno socialista (2008 y 2011), conoce el paño. Sabe que tiene delante un reto que nadie antes ha superado.
La liberalización eléctrica que comenzó hace 21 años y que iba a suponer más competencia y precios más bajos ha desembocado en un camino que, con ondulaciones periódicas -faltaría más-, sólo sube. No baja nunca. Entre 2008 y 2018 la electricidad para hogares ha subido en España un 37%, cuando el IPC, el coste de la vida, se ha incrementado el 12%.
Una lluvia de críticas
Las directamente señaladas son las grandes empresas del sector eléctrico. Ante la lluvia de críticas explican que los precios suben por una conjunción de factores -petróleo, subida de las cargas por emitir CO2, demanda, etc.- que afectan no sólo a España sino a otros mercados de nuestro entorno. Es verdad sólo en parte. Los precios de la electricidad también suben en la UE, pero generalmente menos que en España.
No es una sensación. Los datos son de Eurostat. Los precios de la electricidad sufrieron un incremento entre 2008 y 2015 en promedio en los 28 Estados de la UE del 31,77%. Pero en España fue del 69,03%. Por encima de Francia (33,88%) y Portugal (53,78%). Está claro que el complejo mecanismo que determina el importe del recibo no funciona como debiera. En España, el precio que se negocia en el mercado mayorista supone el 30% de la factura, el 50% son peajes y otros componentes regulados y el 20% impuestos (impuesto electricidad e IVA). Hay campo en el que segar.
El mal funcionamiento del sistema convive con un complejo aparato burocrático que, teóricamente, se ocupa de que el mercado eléctrico ibérico no sea muy diferente de otros mercados del entorno. El entramado es complejo. Hay reguladores y operadores. Los reguladores son el Gobierno (Ministerios de Transición y de Industria), la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), y el Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL); y los operadores, que velan por una correcta gestión del sistema son la compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad (OMEL) y Red Eléctrica de España (REE).
La arquitectura del sistema
Toda esa arquitectura no basta para disipar los recelos sobre el funcionamiento del sistema. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) investiga desde mayo, pero todavía no hay conclusiones. Se limita a hacer de forense de la situación. Según sus datos, el impacto para un consumidor doméstico medio del incremento en el precio del mercado ha sido del 12% en agosto respecto al mismo mes de 2017 y del 1% en los ocho primeros meses. Nada demasiado alarmante en apariencia.
Pero las subidas vienen de atrás y se han producido en un año de abundancia de lluvias. Es una mala señal. Más cuando hasta la propia ministra de Transición Ecológica asume que las subidas en los precios de la energía van a continuar en el futuro. Con miles de familias sometidas a la precariedad laboral y los bajos salarios, parece urgente actuar en dos sentidos: por un lado, aclarar cuánto antes lo que cuesta producir y distribuir la electricidad -para eso están las auditorías- y por otro, aprobar medidas para paliar los efectos de las subidas en los colectivos más vulnerables. Según los números que maneja el Gobierno son 4,6 millones de personas. Para ellos la luz no es una 'commodity'.
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