La luz, un lujo a merced del mercado

El Gobierno está preocupado. Una vez más, como cada invierno, los precios de la electricidad amenazan con romper marcas. Los consumidores están inquietos y el Ministerio de Energía no ha tenido más remedio que salir al paso para tranquilizar a la opinión pública. En encuentros informativos reservados, los responsables de energía han explicado las medidas aprobadas para intentar contener la escalada de los precios: asegurar y ampliar la existencias de gas y utilizar las ayudas más o menos encubiertas a la gran industria -pagos por interrumpibilidad- para atemperar la escalada de los precios.

Las medidas llegan con retraso. La norma recién aprobada obliga a los operadores dominantes del mercado de gas, Gas Natural Fenosa y Endesa, a tener ofertas permanentemente disponibles con condiciones reguladas. Pero fue anunciada por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el mes de enero. Nueve meses después, todo está por hacer.

El Gobierno, consciente de que el precio de la luz es una cuestión políticamente sensible, intenta dar la sensación de que actúa con firmeza. De que hace todo lo que puede. Es algo contradictorio porque, al tiempo que batalla con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para intervenir en la tarifa regulada, asume que los precios de la electricidad dependen de las fuerzas del mercado. Y ahí, asegura, no puede entrar.

Contradicciones

El resultado de esa contradicción es que, mientras anuncia medidas, da por buena la estimación del ministro Álvaro Nadal de enero, cuando adelantó que la factura eléctrica se encarecerá en torno a 100 euros este año, “euro arriba, euro abajo”, según dijo esta semana un alto cargo ministerial. La luz, lleva camino de convertirse en un lujo para muchos ciudadanos.

En el análisis que hace el Gobierno sobre los precios de la electricidad, España no es ninguna excepción. Comparte los mismos problemas que el resto de los países de su entorno, obligados a gestionar un mercado que cada día depende más de las energías renovables, pero que no puede prescindir de la generación tradicional. Un dilema europeo, sostiene el Ejecutivo, que se traduce en tensiones en los precios y que no puede ser resuelto por un único país. 

España,en suma, no puede hacer reformas que no sigan la línea de las normas europeas. “No podemos diseñar medidas para abaratar los precios artificialmente” resumió un alto cargo ministerial esta semana.

Así, sólo queda resignarse. El Gobierno hace lo que puede, pero manda el mercado. Como siempre, conviene recelar de las explicaciones simples. Sobre todo si sirven para no asumir responsabilidades.

Un monstruoso mecano

Lo cierto es que el sistema eléctrico es un monstruoso mecano, difícil de entender, levantado a golpe de influencia y basado en premisas como el continuo aumento de la demanda que ya no funcionan. Dos decenas de leyes y centenares de decretos, resoluciones y órdenes arropan el funcionamiento de un mix de generación, armado como capas de cebolla durante décadas, acostumbrado a compensar errores -empresariales o regulatorios- a costa del consumidor.

Esa complejidad, acompañada de ruido interesado, explica, por ejemplo, que las grandes empresas hayan conseguido atraer al mercado liberalizado al 56% de los clientes domésticos -últimos datos de la CNMC-, 14,5 millones. Muchos de ellos, no saben en qué mercado están.

Es algo que llama la atención porque ese mercado libre es más caro que el mercado regulado, en el que funciona el Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC), según explicó el propio ministro Álvaro Nadal en una intervención en el Congreso. "A largo plazo siempre es lo más barato" dijo en referencia al PVPC.

Esa complejidad del sistema eléctrico es la que permite también al Gobierno comparar los precios con ejercicios distintos, según convenga a sus intereses e ignorar la gran bola montada en el Banco Mundial a cuenta de los recortes retroactivos a los proyectos renovables. Esta semana, un grupo de inversores alemanes y suizos han interpuesto la demanda número 40 contra España. Como el Gobierno, apelan a las reglas del mercado.