La sombra del Castor llega a Salamanca

Sobre el proyecto Castor, un almacén de gas submarino situado a 22 Kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón), se saben muchas cosas. Se sabe que provocó terremotos, que fue clausurado en medio de un gran escándalo y que va a costar al menos 2.420 millones de dinero público. Pero se ignoran los puntos más importantes. Por ejemplo, por qué nadie ha asumido responsabilidades por el fiasco y porqué los promotores del proyecto, ACS y el grupo candiense Dundee, cobraron y pasaron página, sin más. 

La sombra de aquel caso polémico se extiende. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere cerrar la mina de uranio que impulsa desde hace una década en Salamanca la compañía minera australiana Berkeley, pero teme que la misma maraña administrativa que cebó el caso Castor –pendiente de resolución en el Supremo- engorde el asunto de la mina de Retortillo y acabe en un pleito con repercusiones internacionales al estilo de los recortes en renovables que han convertido al Reino de España en la estrella del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) en el Banco Mundial.

El escándalo del Castor, en el año 2008 y con Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aún colea. La banca que adelantó el dinero para que el Estado cerrara el asunto –Santander, Bankia y Caixabank- reclama los miles de millones que pusieron sobre la mesa para cubrir el desaguisado a cambio de 30 años de intereses. Con ese dinero se cerró en falso el escándalo y se enterró el extraño contrato que contemplaba la posibilidad de indemnización a los promotores del proyecto incluso en caso de dolo o negligencia. Fue un mal precedente y el Ejecutivo de Sánchez no quiere repetirlo con el caso de la mina de uranio de Salamanca.

El proyecto minero de Berkeley tiene diez años de antigüedad y sólo ha dado fruto en los despachos

El proyecto minero de Berkeley tiene diez años de antigüedad y sólo ha dado fruto en los despachos. En 2015 consiguió convencer a la cúpula del Ministerio de Industria, con José Manuel Soria (PP) de ministro de Energía y Alberto Nadal como secretario de Estado de que su plan para extraer mineral de uranio en Salamanca era rentable. Para la compañía minera y para el país. El proyecto iba a "generar resultados a largo plazo a nivel mundial, capaz de suministrar más de cuatro millones de libras de uranio al año, equivalente al 10% del total requerido en Europa". Soria, Nadal y su hombre en el Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Marti, respaldaron el plan de la multinacional. A partir de ahí, el gran enredo.

El de Berkeley es un asunto espinoso. La mayoría de los partidos políticos son favorables a la paralización del proyecto y así lo manifestaron en junio de 2018 en la ponencia del Congreso para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Pero el grupo Berkeley, que cotiza en las Bolsas de Londres, de Sidney (Australia) y desde hace dos años en el mercado continuo de España, ha realizado inversiones y solicitado permisos que hacen muy complicado desmontar el mecano administrativo trenzado.

Todo el mundo se tienta la ropa. Hasta lo ha hecho el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que fue renovado con dos consejeras socialistas y un ecologista a principios de 2019. El supervisor nuclear ha informado favorablemente la prórroga de la autorización de emplazamiento provisional de la mina de Berkeley. No porque a la mayoría le guste,sino porque está atado de pies y manos. “Desde que Berkeley solicitó la prórroga de la autorización de emplazamiento en 2019,un año antes de que caducara, nada ha cambiado. El Consejo no podía informar en contra” explica una fuente del organismo. Todo atado. Como en Castor.

La multinacional le tiene tomada la medida al sector público de España desde hace mucho tiempo

Berkeley es un rival serio. No sólo porque se mueve como pez en el agua en la comunicación y la especulación bursátil, sino porque ha demostrado también sus habilidades en el combate legal. Al sector público de España le tiene tomada la medida desde hace mucho tiempo.En 2012 denunció a la empresa pública ENUSA ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio por echarse atrás en un acuerdo de 2009 para apoyar la exploración de yacimientos de uranio en los pueblos de La Alameda de Gardón y Saelices El Chico, ambos ubicados en la comarca salmantina de Ciudad Rodrigo.

El grupo australiano estaba dispuesto a reclamar daños y perjuicios a la sociedad estatal española por 200 millones de dólares (150 millones de euros), entre los que se incluía el lucro cesante, las inversiones acometidas, 5 millones por adquisición de información y gastos relacionados con los estudios de viabilidad. La discusión no llegó a las manos Hubo acuerdo. Los términos económicos de la ruptura no se desvelaron pero Berkeley siguió con sus planes para consolidar, poco a poco y expediente a expediente, sus derechos en la zona. Lo ha conseguido. Fuentes del grupo australiano explicaron en su momento que manejan hasta 120 expedientes con  autorizaciones diversas. Implican a cuatro administraciones, incluida la estatal. El Ministerio de Transición Ecológica se tienta la ropa antes de dar un paso en falso. La sombra del Castor es alargada.