Las batallas pendientes del año 2020 que amenazan el bolsillo en 2021

Se ha ido 2020, pero con batallas pendientes. En el sector de la energía especialmente, esas batallas pueden tener un impacto significativo en el bolsillo de los consumidores en 2021. De cómo se cierren los flecos depende que los recibos de la luz y del gas no lastren aún más las economías familiares afectadas por el impacto de la crisis económica de la Covid 19. Los 1.350 millones de indemnización que, según el Tribunal Supremo, deben ser devueltos por el Estado a Bankia, Caixabank y Santander por la financiación del cierre del almacén de gas Castor en 2013; los pleitos renovables por los recortes de 2013 y el pulso por el cierre de la mina de uranio de la multinacional Berkeley en Salamanca son asuntos que tienen que ser resueltos en los primeros meses del nuevo año y que afectan al bolsillo de todos, sea en los recibos de luz y gas o sea por la vía de los impuestos.

En el caso del Castor, los plazos para cerrar el pleito son ajustados. El Supremo falló en octubre a favor de los bancos para que recuperaran el dinero que adelantaron a las arcas públicas para compensar a ACS y al grupo canadiense Dundee por el cierre del almacén de gas. La sentencia contemplaba el pago en tres meses del préstamo y de los intereses devengados. Eso quiere decir que el asunto debería estar resuelto en las próximas semanas. De momento, ni el Ministerio de Transición Ecológica, ni las entidades afectadas han hecho valoraciones.

Caixa y Bankia, en pleno proceso de fusión, y Santander, han contado con una buena baza para defender sus reclamaciones. Hace un año, el Consejo de Estado aprobó por mayoría cinco dictámenes sobre el caso en los que instaba al Gobierno a resolver "con premura" las reclamaciones de los tres bancos. Los dictámenes adelantaban algunas de las cuestiones que apuntalaron el fallo del Supremo. Así, a juicio del Consejo, el Gobierno hubiera debido actuar con rapidez para promover "la correspondiente iniciativa legislativa" para "evitar perjuicios económicos al Estado" por la prolongación del caso. Demorar más la solución -como ha sucedido en la práctica- obligaría al pago de intereses y podría provocar, sostenía el organismo, "otros eventuales efectos indeseables". Una advertencia directa a los consumidores.

El Gobierno hubiera debido actuar con rapidez para evitar perjuicios económicos al Estado.

Otro frente todavía activo es el de las reclamaciones por el recorte a la retribución de las renovables aplicado en 2013. El hachazo propinado por el Gobierno de Mariano Rajoy a los proyectos fotovoltaicos, en plena crisis económica, convirtió al Reino de España en el país más demandado ante el Banco Mundial. El Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado convencer a los fondos y empresas que han demandado al Estado de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Con esa idea, el Ejecutivo –entonces en funciones- aprobó un decreto para recortar ligeramente la rentabilidad de los proyectos que sufrieron los recortes a cambio de desistir de sus reclamaciones ante los organismos de arbitraje internacionales.

La oferta ha tenido un éxito discreto. El grueso de los 8.000 millones en reclamaciones sigue pendiente de arbitrajes. Y se ha convertido en todo un negocio. Y también en una espada de Damocles sobre el bolsillo de los usuarios y/ o los contribuyentes. Porque los litigios son en sí mismos un activo financiero. Fondos como Rockmond, Burford Capital, SPV (Strategic Value Partners) o Therium están muy pendientes del proceso de reclamaciones contra España.

Puede haber buenas noticias para los fondos que pleitean en renovables y malas para los consumidores.

Los fondos especializados ofrecen y firman acuerdos privados con los reclamantes para financiar todos o parte de los gastos legales que conllevan una reclamación (abogados, tasas, especialistas/peritos, posible condena en costas, etc.). A cambio, cobran un porcentaje sobre el importe de la indemnización que se obtenga. Por supuesto, afinan al máximo en el cálculo de riesgos. Hay tres condiciones que determinan la acción de esos fondos financiadores: la reclamación tiene que tener en torno a un 70% de posibilidades de éxito; el demandado tiene que ser solvente, y la reclamación tiene que ser jugosa. Buena noticia para los fondos, mala para los consumidores.

El Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos tiene otro espinoso asunto entre manos: el cierre de la mina de uranio que la multinacional australiana Berkeley proyecta desde hace 10 años en Salamanca. El proyecto, engrasado en la etapa de Gobiernos del PP, choca de frente con los planes de transición energética del nuevo Ejecutivo y con la estrategia de abandono de la energía nuclear hasta 2035 pactada con las compañías propietarias de las centrales nucleares. 

El ministerio de Transición Ecológica y el renovado Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han postergado hasta el momento la decisión de cerrar la explotación. Berkeley está bien asesorada y puede reclamar daños y perjuicios apoyada en un armazón de permisos administrativos construido durante más de una década en España. El tiempo se acaba y el Gobierno tendrá que tomar una decisión en unas semanas. No lo tiene fácil. Berkeley ha jugado bien sus cartas y ha anunciado que la Bolsa española, en la que cotiza desde julio de 2018, será el centro de sus operaciones bursátiles tras el Brexit. Un as más para la manga.