Sábado, 23.03.2019 - 08:45 h
En la frontera

Convertir Navantia en arma política no es un buen negocio

En la ría de Bilbao, entre el Palacio de Euskalduna, el museo Guggenheim y la catedral del fútbol, San Mamés, sobrevive una testigo de la reconversión naval. Se llama Carola. Es muy estilizada, tiene sus años y es roja. Carola es una grúa; un vestigio del astillero Euskalduna, que sucumbió en la reconversión industrial de los años 80. Carola es el recuerdo en hierro de las dificultades del sector naval público que se arrastran desde hace más de 30 años. Esas dificultades han tenido continuidad esta misma semana con la presentación de un expediente de extinción de empleo para 177 trabajadores de La Naval de Sestao, astillero privatizado en el año 2006

De las sucesivas reconversiones y privatizaciones en el sector naval queda Navantia, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La empresa sobrevive en buena medida gracias a la especialización en la construcción de buques militares. Los buques de producción española se venden bien. Tienen calidad, pueden competir en coste con los astilleros asiáticos y se han impuesto en contratos espectaculares. Han sido los primeros del mundo en construir un portaaviones para la marina de otro país (el tailandés HTMS Chakri Naruebet) o vender toda una flota -dos buques de desembarco y tres destructores- a Australia; amén de cinco fragatas a Noruega, ocho patrulleros oceánicos a Venezuela y cinco corbetas a Arabia Saudí.

Los astilleros y el empleo

Navantia, con más de 5.000 empleados, tiene astilleros en Galicia (Ferrol, Fene), Andalucía (Cádiz, Puerto Real y San Fernando) y Murcia (Cartagena). Es fundamental en la economía y en la vida de las ciudades en las que se ubican. Sin astilleros el futuro se adivina marcado por el sufrimiento y agitación social. Ya sucedió en los años 80, cuando la reconversión naval provocó auténticas batallas -Euskalduna- por la desesperación de miles de trabajadores.

Grúa Carola, en las antiguas instalciones de Euskalduna (Bilbao).
Grúa Carola, en las antiguas instalciones de Euskalduna (Bilbao). / Flickr

Por eso es delicado convertir a Navantia en un arma política. La empresa -con pérdidas de 389 millones en 2017- construye en Cádiz cinco buques de guerra para Arabia Saudí por unos 2.000 millones de euros. El contrato es vital para mantener empleo en una región con tasas de paro del 30%. Pero se ha convertido en herramienta política. Primero, para destacar las contradicciones internas del Gobierno de Pedro Sánchez en torno a la venta de armas a regímenes poco respetuosos con los derechos humanos; y segundo, para introducir una cuña entre el Ejecutivo y sus aliados de Podemos, que gobiernan la ciudad de Cádiz.

El alcalde Cádiz, José Manuel González (Kichi), de Podemos, tuvo que tragarse un sapo amargo y defender el contrato de las corbetas con un argumento tan simple como simple es la necesidad: "Si no hacemos nosotros los barcos, los harán otros", explicó. Todo un quite a los principios de la formación morada a la que pertenece y una salida forzada a lo que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha calificado de “dilema imposible”. La ética casa mal con el hambre.

Ideas gomosas

Ese choque entre la necesidad y la ética produce ideas gomosas, mal rematadas. La propuesta de Podemos de que sea España quien asuma el contrato de las corbetas saudíes es una de ellas. Inasumible desde todos los puntos de vista: tanto el económico como el estratégico. Sin embargo, en el debate se han manejado también ideas interesantes que apuntan a cuál puede ser el futuro de los astilleros públicos más allá de los grandes contratos armamentísticos.

Una de esas ideas consiste en colocar a los astilleros públicos en primera línea de un negocio prometedor: los parques eólicos flotantes. En Europa se prevé un desarrollo importante de este modo de generación de energía en los próximos años. Hay proyectos a medio plazo para instalar hasta 25.000 MW en el Mar del Norte (78% del total), en el Atlántico, en el Mar Báltico, en el Mar de Irlanda, y hasta en el Mediterráneo.

Para instalar toda esa potencia se necesitan barcos que transporten el material necesario, instalaciones de almacenaje, plataformas, módulos industriales y buques fabricados especialmente. Los astilleros españoles pueden satisfacer buena parte de esa demanda que se presume creciente a medida que Europa aumente la apuesta por las energías renovables y la descarbonización.

Por supuesto, un plan que vincule el futuro de los astilleros a actividades más relacionadas con el medio ambiente que con la guerra requiere visión de futuro. Y eso, en España, no sobra. Una prueba: a pesar de que la industria del país lidera el desarrollo y la innovación de aerogeneradores 'offshore', en las costas españolas no hay instalado un solo megavatio. O se apuesta por el futuro o Cádiz terminará teniendo su Carola.

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