Naturgy, el papel del Gobierno y las carencias de la CNMC

A estas alturas, nadie interesado en las cuestiones de la economía y de las empresas ignora que la oferta de compra parcial de Naturgy lanzada por el fondo australiano IFM depende del Gobierno y sus batallas internas. La posibilidad de vender empresas españolas está limitada desde marzo de 2020 por dos decretos (RD 436/2020 y RDL 34/2020), justificados en la necesidad de evitar un posible destrozo del tejido empresarial por la pandemia y la crisis económica. Pero el papel del Gobierno como supremo VAR del partido empresarial hubiera sido el mismo sin pandemia. Es algo que chirría. Siete años después de que se aprobara la ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el papel y la independencia del regulador sigue siendo una tarea pendiente.

En los últimos dos años, tras la salida del PP del Gobierno, la CNMC, con su entonces presidente José María Marín Quemada al frente, logró recuperar espacio. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cumplió la palabra dada y devolvió al organismo funciones que le arrebató en su día el ministro Álvaro Nadal (PP) en un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo y provocó la intervención directa de la Comisión Europea. No es suficiente. La nueva presidenta del organismo, Cani Fernández, lo ha dicho alto y claro en el Parlamento: los pocos meses que lleva al frente de la Comisión le han servido para comprobar la falta de independencia funcional del organismo y las limitaciones que tiene en materia de recursos humanos, organizativos y presupuestarios. Un grave problema para una institución clave para el buen funcionamiento de los mercados.

Fernández impulsa una reforma en profundidad del funcionamiento interno de la Comisión y de su Estatuto. Se apoya en las directivas europeas (UE 2019/1), ignoradas, que reclaman para las autoridades de competencia nacionales garantías de independencia, recursos y facultades de aplicación e imposición de multas “que les son necesarios para poder hacer cumplir las normas de competencia de la Unión de manera eficaz". Justo aquello de lo que todavía carece la CNMC.

“En el sector de la electricidad, la competencia ni está ni se la espera”, llegó a decir Luis Berenguer (CNC).

A la vista de lo sucedido con la CNMC desde su creación en 2013, los temores de la entonces vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, estaban más que justificados. Kroes llegó a amenazar al entonces ministro de Industria y Energía José Manuel Soria con un procedimiento por aprobar una ley que, con el pretexto del ahorro, eliminaba la independencia de los organismos reguladores. Coincidía con los temores y las críticas del anterior presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), uno de los organismos engullidos con la reforma, acusando al Gobierno del PP de estar abiertamente en contra de introducir competencia en sectores claves como el de la energía. “En el sector de la electricidad, la competencia ni está ni se la espera”, llegó a decir Luis Berenguer.

En su comparecencia en el Congreso, la nueva presidenta de la CNMC puso el dedo en la llaga: el preámbulo del texto de la Ley de la CNMC explicaba que la norma trataba de evitar la captura del regulador, tanto por las empresas como por el Gobierno. Pero con las facultades que otorgaba al Ejecutivo en sus disposiciones adicionales, el resultado fue la apertura de un portalón al intervencionismo. La independencia del regulador quedó absorbida directamente por los ministros. El control de la competencia, sometido a la única voluntad del poder ejecutivo.

La cuestión, que Cani Fernández dejó sobre la mesa del Congreso, es hasta qué punto se han normalizado las injerencias. –

La oferta de compra del 22,69% de Naturgy ha animado el debate. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido la posible intervención del Gobierno en la operación. “Es importante que tengamos cierto control sobre aquello que es estratégico”, sostiene. Hasta el Banco de España, a través de su presidente, Pablo Hernández de Cos, ha convenido que países europeos –caso de Francia con Carrefour- “han tomado ese tipo de decisiones porque estamos ante unas circunstancias excepcionales”. La cuestión, la misma que Cani Fernández dejó sobre la mesa del Congreso, es hasta qué punto se han normalizado las injerencias –no solo gubernamentales- en los mercados y hasta qué punto se ha llegado a aceptar la falta de independencia de los supervisores de la competencia. El mangoneo con carácter estructural y no excepcional.

El debate no es sólo español. Lo explicaba en un reciente artículo la catedrática de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid Natalia Fabra. La UE debate en estos momentos si se deben relajar las normas de defensa de la competencia para contribuir al Pacto Verde Europeo con el argumento de que la innovación necesita que los rivales cooperen. La respuesta de la catedrática es rotunda. No. “La defensa de la competencia”, sostiene Fabra, “es también, junto a la defensa del medioambiente, una seña de identidad europea”. Con permiso de los Gobiernos y de la Covid, por supuesto.