Negocios verdes y negocios ficticios ante la ley del Clima

El Gobierno ha enviado a las Cortes el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética. No es una norma más. Es la clave, la piedra que cierra el arco de la acción política del Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez. Tiene que facilitar la neutralidad de emisiones contaminantes a más tardar en 2050 y, de paso, modernizar la economía, facilitar la reindustrialización, generar empleo y atraer inversiones. Lo que se dice una ley ambiciosa que sólo puede ser efectiva si se cumple algo muy sencillo de enunciar y muy difícil de hacer: sustituir el petróleo, el gas y el carbón por energías renovables.

Hay grandes intereses en juego. La aprobación del proyecto de ley ha provocado una marea de valoraciones, declaraciones, planes y manifiestos. Todo el mundo es verde. De pronto, proliferan estudios sobre los gases renovables y biológicos, el hidrógeno verde y los combustibles ecológicos. Negocios nuevos para el dinero de siempre, asustado por la velocidad –y la profundidad- de los cambios que se anuncian.

Los sectores cuya actividad se basa en los combustibles fósiles intentan salvar los muebles. El sector del gas aprovecha el concepto de economía circular –el reciclaje de siempre, pero con tintes académicos- para vender las bondades de producir metano a base de residuos urbanos, agrícolas, ganaderos y aguas residuales. Vende también la idea de producir hidrógeno utilizando electricidad de origen renovable para separar los componentes del agua (electrólisis). La ley del Clima recoge el uso de este tipo de combustibles y contempla objetivos para su penetración y uso. Es una concesión al sector que contrasta en la misma ley con la indefinición sobre puntos de recarga del vehículo eléctrico, autoconsumo, generación distribuida o eficiencia en los edificios.

Los sectores cuya actividad se basa en los combustibles fósiles intentan salvar los muebles

No se trata sólo del gas. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), en la que se integran Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras, también presentó a finales de 2019 un plan para sustituir petróleo por biomasa, basura e hidrógeno y producir en sus refinerías ecocombustibles, menos contaminantes. El plan -paralizado temporalmente por las consecuencias de la pandemia- consiste en convertir las ocho refinerías españolas -cinco de Repsol, dos de Cepsa y una de BP- en centros de producción de combustibles elaborados con materiales ecológicos. Es la concreción en España de los planes adelantados por las grandes multinacionales del petróleo en la iniciativa FuelsEurope.

En realidad, asistimos a una nueva fase del pulso que libran desde hace tiempo quienes quieren prolongar lo más posible el funcionamiento de la economía basada en los combustibles fósiles y quienes impulsan la descarbonización. Todo vale para mantener el statu quo. Hasta la alarma creada por la pandemia.

La alerta mundial por el coronavirus ha provocado la suspensión de la Cumbre del Clima de Glasgow prevista en noviembre hasta el año próximo y el Acuerdo de París queda en el aire; en la UE, países como la República Checa, Polonia o Hungría, reticentes a la eliminación del carbón, piden posponer los objetivos de descarbonización más allá de 2050, mientras la poderosa industria del automóvil, a través de la patronal europea de fabricantes ACEA, presiona a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para que abra la mano en las exigencias de control de emisiones en los vehículos.

El debate es global porque globales son los intereses y las alianzas empresariales que los defienden

No es una pelea de un país. El debate es global porque globales son los intereses y las alianzas empresariales que los defienden. Un ejemplo son los planes para extender infraestructuras gasistas en Europa, con inversiones estimadas que superan los 50.000 millones. Según la Red Europea de Observatorios de Corporaciones -ENCO por sus siglas en inglés- las responsables de la burbuja inversora en la UE son cuatro empresas: la española Enagás, la belga Fluxys, la francesa GRTgaz y la italiana Snam. El informe de ENCO explica que los cuatro gestores de la red de transporte (TSOs) tienen como negocio principal construir y explotar gasoductos, actividad que intentan mantener a toda costa con una eficaz labor de cabildeo en Bruselas. Y con fichajes bien conectados en las esferas políticas.

La transición hacia una economía descarbonizada es una gran oportunidad. El principal 'lobby' empresarial europeo,la European Round Table of Industrialists (ERT) - lo ha visto claro. El grupo, en el que se integran los grandes de la empresa de España como Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), José María Álvarez-Pallete o Pablo Isla (Inditex) ha apoyado públicamente los planes europeos para la recuperación, el European Green Deal. Probablemente son los más interesados en separar los negocios reales de los ficticios, por mucho que se tiñan de verde. Veremos.