Nucleares: cuando un guiño mueve millones

El sector energético está revuelto. Llueven decretos y resoluciones desde un ministerio, el de Energía, cuyo responsable Álvaro Nadal no está dispuesto a pasar desapercibido. Como las ondas, cada movimiento de Nadal, cada declaración, agita el sector empresarial. También los organismos reguladores más cercanos a su actividad. Especialmente la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Nadal, y con él el Gobierno que lo respalda, se encamina hacia el enfrentamiento con la CNMC en los tribunales. Cuestión de competencias. Con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la cosa la tiene más fácil. El Consejo está controlado. El Parlamento ha apoyado esta semana, con el único voto en contra de Ciudadanos, el nombramiento del economista Jorge Fabra para sustituir a Cristina Narbona en el regulador. Narbona abandonó el CNS para presidir el PSOE. Fue la voz crítica -antinuclear sostenían en el Gobierno y aledaños- en un organismo acusado por la oposición de seguir los dictados del PP en materia nuclear, hasta el punto de ignorar a sus técnicos.

El sucesor de Narbona, Fabra, llega al CSN a propuesta del PSOE. Lo hace en un momento de agitación. Nadal está empeñado en aprobar un decreto que deja en manos del Gobierno la decisión de cerrar o no cerrar centrales de generación. El foco, tanto como la pelea con las empresas, está puesto sobre las centrales de carbón y también de gas. Pero el PSOE no se lo cree. Apunta más allá. El secretario de Medio Ambiente socialista, Hugo Morán, sostiene que la norma encubre un primer paso para facilitar que las nucleares sigan funcionando. ¿Cómo? Extendiendo los pagos por capacidad -que ya cobran centrales de gas y carbón- a las centrales nucleares.

Vórtice de intereses y de presiones

El CSN que espera al nuevo consejero no es el que tomó cartas en el cierre de Garoña. El enfrentamiento entre dirección y técnicos se ha enfriado. Pero sigue siendo vórtice de intereses y de presiones. En su "examen" ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, Fabra relató, en tono de broma, que en la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), en la que ejerció de consejero, "un estornudo o un guiño movía 100 millones de un sitio a otro". Eso también sucede en el CSN.

Por eso es fundamental oponer transparencia y seguridad extrema a la presión de los intereses económicos. Las últimas acciones del CSN apuntan en ese sentido. El Consejo se ha enfrentado a un suceso en la central nuclear de Cofrentes (Valencia) con un tono y unas decisiones que han alejado –temporalmente al menos- los recelos de los técnicos hacia la dirección.

Cofrentes lleva tres meses parada por un percance en el vital sistema de refrigeración. La avería se detectó en agosto, pero la empresa propietaria, Iberdrola, ha tardado en actuar. El suceso no ha sido grave, pero ha puesto en cuestión los controles de seguridad, una cuestión esencial cuando se trata de energía nuclear. El CSN se lo ha reprochado a Iberdrola con un lenguaje poco habitual. Además de solicitar a la propietaria de la central un "análisis de causa raíz" del suceso, reprocha a la empresa "la inadecuada actitud cuestionadora que llevó a no realizar una revisión y el mantenimiento de la válvula [averiada] durante la última parada de recarga.".

El triunfo de la seguridad

Tras el lenguaje administrativo, oficial, late el choque habitual entre seguridad y rentabilidad. En el caso de las nucleares, el resultado del choque es capital. Y sólo puede ser uno: el triunfo de la seguridad. En Cofrentes –como en el resto de las instalaciones nucleares- hay mucha inversión en juego. Para empezar, hay que almacenar residuos que ya no caben; construir almacenes temporales individualizados (ATI) a la espera de que culminen las obras del almacén central de Villar de Cañas (Cuenca).

Gestionar los residuos contaminantes ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones. Mucho dinero en el tapete. Por eso conviene estar atentos. Un guiño, como explicó Fabra a sus señorías del Congreso, puede mover millones.