Operación Salvar los Muebles en la Industria

El recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez está inmerso en una gran operación de salvamento.  No tiene nombre, pero bien podría ser bautizada como Operación Salvar los Muebles en la Industria. Quizá no tenga el glamur de la operación aliada que engañó a Hitler en Normandía (Operación Fortitude), pero en términos económicos es muy importante. De su éxito o su fracaso depende el futuro de un sector que factura 107.000 millones al año, emplea a 220.000 personas de forma directa e indirecta y supone un 12% del PIB. Ahí es nada.

La industria dice que se ahoga. Durante todo el año pasado, en medio de una gran incertidumbre política, se sucedieron los anuncios de cierre, reducciones de empleo y posibles ventas de instalaciones, sobre todo en la cornisa cantábrica y en Cataluña, las zonas más industrializadas del país. Alcoa, Cemex, La Naval, Isowat, Vestas o Arcelor Mittal llegaron a los titulares, todo trufado con acusaciones sobre la carestía de la energía, el fin de las ayudas más o menos encubiertas al sector por la presión de Bruselas y el incumplimiento de promesas por parte del Gobierno, entonces en funciones.

Las estadísticas han puesto cifras al malestar. Red Eléctrica de España (REE) elabora un mensualmente un índice sobre el consumo de los grandes consumidores -más de 450 kW de potencia contratada-. El indicador considera 13.160 empresas y en 2019 se hundió. Según el operador del sistema eléctrico, en el conjunto del año el indicador global de consumo cayó un 4,6%, pero en la industria la caída interanual alcanzó el 9,2%. No caben paños calientes. Fue "el mayor retroceso interanual desde que se viene elaborando este indicador en el año 2010". En las empresas automovilísticas, el desplome anual en el consumo de electricidad llegó al 10,5%.

Como Francia y Alemania

Con las luces rojas encendidas, el Gobierno se ha puesto manos a la obra. Tras más de un año de debates, ha elaborado un Estatuto del Consumidor Electrointensivo para adoptar las medidas que ya aprobaron países Alemania y Francia para subvencionar la actividad de sus compañías industriales. Francia aprobó en 2015 una Ley de Transición que introdujo los conceptos de industria electrointensiva e hiper-electrointensiva. El desarrollo de la norma en 2016 facilitó a las empresas reducciones de cargas para contribuir a las renovables; rebajas en las tarifas de transporte y compensación de costes indirectos del CO2. 

En Alemania, es la Ley de Energías Renovables la que ampara un esquema de exenciones para la industria electrointensiva en la contribución a las renovables (68,80 euros MWh en 2017) en función de su consumo. El consumo -a partir de 10 GWh año- también permite tarifas de transporte reducidas de hasta el 90%. La contrapartida es un recargo repartido entre todos los consumidores finales (3,88 euros MWh) para consumidores de menos de un GWh/año. Como en Francia, en Alemania se destinan cientos de millones anuales -300 millones en 2017- a compensar a la industria por el CO2.

Cierre de persianas

En España, tras muchas vueltas, los ministerios de Industria y de Transición Ecológica han aprobado tres medidas para intentar que las grandes factorías dejen de pensar en echar la persiana: rebajar hasta un 85% los cargos -la parte fija del recibo- que pagan las compañías en el recibo para financiar las renovables; aumentar las compensaciones por el CO2 e incentivar los contratos bilaterales de energía renovable de forma que las compañías tengan claro cuánto les va a costar la luz al menos durante cinco años. Pero hay un problema: el dinero. El plan tiene que estar respaldado por los presupuestos generales y las perspectivas de aprobación de cuentas no está clara. No hay cuándo, ni de momento hay cómo para las nuevas cuentas del Estado. Y sin cuentas, todo son cuentos.

Mientras tanto, la situación de la industria se deteriora y languidece. El país se aleja del objetivo comunitario para que el sector tenga un peso del 20% del PIB en 2020. Hace dos décadas, la industria pesaba en España un 19% del PIB. Hoy apenas si llega al 16%, según el último Barómetro Industrial del Consejo General de Economistas (CGE). Es muy preocupante porque la industria es el sector que genera más empleo de calidad: El 74% de los contratos son indefinidos; el 95% son a jornada completa y los salarios se sitúan casi un 20% por encima de la media nacional. La ecuación es simple: menos industria equivale a menos empleo y a más precariedad.

Toca reflexionar. España es la decimosegunda economía del mundo. Una potencia. Pero una potencia en la que las grandes compañías industriales aseguran que no pueden pagar la luz. Es difícil encajar las dos realidades. Es evidente que algo falla y que hay que arreglarlo. De momento, hay cuatro ministerios que trabajan en ello y dos - Hacienda y Asuntos Económicos- tienen la llave de lo más inmediato: el dinero para la Operación Salvar los Muebles. Ojalá la empleen con acierto. Nos va mucho en ello.