La publicación Jane's Defense viene a ser el The Economist del dinero y la defensa. La biblia del sector. Según sus últimas estimaciones, el gasto militar en el mundo alcanzará este año 1,38 billones de euros. Billones con b de bélico. Es la cantidad más elevada desde la Guerra Fría y encaja con la situación de un mundo plagado de conflictos. Los países se rearman. Y cuando los países se rearman no lo hacen para "la" guerra, sino para "una" guerra en concreto. Cada uno piensa en la suya, pero en un mundo globalizado, puede acabar por ser la de todos.
En enero de 2017, el recién llegado a la presidencia de EE UU, Donald Trump, proclamó alto y claro sus intenciones. "Tenemos que empezar a ganar guerras de nuevo", dijo en un breve discurso tras una reunión con gobernadores en la Casa Blanca. Apenas cinco meses después, Trump sacó los colores a los socios (29) de la OTAN: sólo cinco países del club cumplían con el objetivo de dedicar el 2% del PIB a gastos militares. El dedo apuntó a España apenas un mes después.
En una reunión de ministros de Defensa celebrada en Bruselas hubo repaso de números: España se situaba a la cola de la inversión de los socios OTAN con el 0,92% del PIB, solo por delante de Bélgica (0,91%) y Luxemburgo (0,44%). Hubo compromiso. La ministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, se comprometió a alcanzar el 2% del PIB de inversión en Defensa en el año 2024, tal y como acordaron los socios de la OTAN en Gales en el año 2014.
Una práctica vergonzante
Y en esas estamos. En 2017, el presupuesto del Ministerio de Defensa subió un 32% en términos nominales. El porcentaje fue espectacular porque el departamento había acabado con una práctica vergozante: disimular gastos militares en otras partidas. Lo hizo obligado, porque un año antes el Tribunal Constitucional había anulado la vía que el Gobierno utilizaba cada año para cubrir las anualidades de las grandes compras de armamento de los 90: créditos extraordinarios para pagar los Programas Especiales de Armamento (PEAS). 30.000 millones a pagar hasta 2030. Hasta la intervención del Constitucional, la vía del disimulo elevaba de forma "extraordinaria" el presupuesto "ordinario" de cada ejercicio. De en torno a 6.000 millones hasta los 9.000 millones, según datos del Presupuesto. Según la Agencia Europea de Defensa ese gasto era incluso superior: hasta 10.500 millones.
El recurso al disimulo, a los trucos contables y a las derivaciones a partidas de otros Ministerios para cuadrar las cuentas de Defensa y las obligaciones contraídas con la OTAN han desatado las suspicacias. Lógico en un país que en el que todavía suena el lema "Otan de entrada no"; un país castigado por una crisis brutal y que se movilizó en masa contra la guerra de Irak en el año 2003.
La falta de transparencia se paga con desconfianza y desafección. Y es lo que sucede en España. En un mundo que vuelve a registrar aires de "guerra fría", con países que resucitan el servicio militar obligatorio, proyectos para aplicar la inteligencia artificial a los campos de batalla y guerras comerciales que pueden ser preludio de choques abiertos, la inversión en Defensa tiene que ser bien explicada para que sea bien aceptada. Si no es así, prevalecerá el falso dilema de "cañones o mantequilla" de los manuales de economía.
La tentación del velo
La tentación de mantener bajo el velo gastos que deben ser debatidos en el Parlamento es grande. Pero las consecuencias pueden ser devastadoras. El secretismo alimenta la corrupción. Un ejemplo es lo sucedido con la empresa semipública Defex, en proceso de liquidación entre acusaciones de mordidas y blanqueo de dinero por parte de algunos de sus directivos. La falta de transparencia está también detrás de las protestas contra la industria armamentística que,a la hora de hacer negocio, ignora olímpicamente si los dólares proceden de democracias o dictaduras y el destino de sus productos.
La visita a España esta semana del príncipe heredero y hombre fuerte de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, con gran contrato armamentístico como fondo – 2.000 millones en buques de guerra construidos por Navantia- ha resumido todas las contradicciones de una industria y un Gobierno poco dado a dar explicaciones. El gran contrato puede ser la salvación para una empresa pública, Navantia, con grandes pérdidas y dificultades para sobrevivir. Pero paga un Estado que no es democrático y que libra una guerra cruel en la región. Una contradicción que no ha hecho sino alimentar las críticas de ONGs y de los partidos más a la izquierda.
La guerra puede ser un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares (Clemenceau). Para compensar están los políticos, empresarios y economistas. Aunque a veces, la realidad los supera todo. España, cuenta el exdirector del CNI Jorge Dezcallar, cerró oficialmente la guerra hispano rusa de 1799 más de dos siglos después, con notas verbales entre embajadores. Como para no mirar con lupa los presupuestos.
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