Mi amigo Enric González, experto en periodismo y vida, sostiene que el martini es la invención americana de mayor perfección estética. Requiere criterio, opinión, reflexión y cierta dosis de escepticismo. No es fácil equilibrar la mezcla. Un ingrediente mal calibrado y adiós al cóctel. Lo mismo sucede en la política, la economía y la empresa. Una mala mezcla y la perfección se convierte en grosería. El exministro de Economía Luis de Guindos, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), expresó en apenas media docena de palabras hace tres años lo difícil que es mezclar política, empresa y dinero. “Hay que combinar estética y legalidad”, explicó Guindos, y no es fácil. Son solo dos ingredientes, pero se te va la mano y sale una puerta giratoria. Un martini arruinado.
En Enagás, la empresa que se ocupa de almacenar y transportar el gas que necesita el país para funcionar, a alguien se le ha ido la mano y ha propuesto al consejo la incorporación de dos políticos socialistas de peso, el expresidente de la Generalitat José Montilla y el exvicesecretario general de los socialistas José Blanco (2008-2012). Exceso de exministros para una compañía participada por el Estado a través de la SEPI y cuyos ingresos dependen de la regulación. Exceso porque la sociedad ya había sido colonizada en 2014 a instancias del Gobierno de Rajoy con viejas glorias de la política como Isabel Tocino, Antonio Hernández Mancha o Ana Palacio .
Para José Blanco, exministro de Fomento, exdiputado europeo, el nombramiento es un alivio. Blanco se convirtió en enero en una "baja colateral" en el juego de reparto de cargos e influencias en el sector empresarial público. Se quedó a un palmo de ocupar un sillón en el consejo de otra empresa regulada, Red Eléctrica de España (REE), 20% de capital público. Blanco aspiraba a sustituir en la empresa a un consejero a punto de cumplir 70 años, pero la dimisión de la presidencia del exministro socialista, Jordi Sevilla, por discrepancias con la vicepresidenta Ribera lo dejó en una posición incómoda.
Ostracismo laboral
Los nombramientos de Montilla y Blanco reabren el viejo debate de las puertas giratorias. Servir al bien común desde la política no puede ser una condena al ostracismo laboral. Cierto. Tampoco puede convertirse en un freno en la carrera profesional de quien trabajó en la cosa pública. Para eso están los periodos de incompatibilidad. Pero las formas son importantes y ha habido ocasiones en las que se ha forzado la legalidad al límite. Por eso se entiende que los focos se enciendan con cada incorporación de un político a la gran empresa. Más si se trata de empresas vinculadas a la prestación de servicios esenciales.
La combinación poco fina de estética y legalidad no es algo de ayer. Generaciones de políticos arruinaron el cóctel. Expresidentes de Gobierno –Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, José María Aznar, Felipe González-; ministros económicos -Boyer, Narcís Serra- y hasta presidentes autonómicos -José Antonio Ardanza- trabajaron tras dejar sus cargos políticos para grandes empresas con actividades reguladas en sectores diversos, desde la energía, a la banca, pasando por el sector de las telecomunicaciones. Para algunos, como el secretario general de Unidas Podemos Pablo Iglesias, una forma legal de corrupción... que tiene la oportunidad de combatir desde el Gobierno del que forma parte.
Las puertas giratorias no son un invento español. El Grupo Verde del Parlamento Europeo documentó hace poco más de un año hasta 88 casos de altos cargos de 13 países europeos (entre ellos España) que se pasaron al sector privado energético tras dejar el mundo de la política. Entre ellos destaca, sobre todo, el fichaje de tres exJefes de Gobierno: uno sueco, Carl Bildt, y dos españoles, José María Aznar y Felipe González, aunque ambos dejaron sus puestos en Endesa y Gas Natural en el 2014 y el 2015, respectivamente. Además, Aznar fue fichado 8 años después de dejar la política y González, 15 años después.
Con ribetes de escándalo
Los canales por los que discurre la relación público-privada, a veces muy evidentes, no son exclusivos del sector energético. A menudo, salen a la luz con todos los ribetes del escándalo. Así sucedió en 2015 cuando se conoció que un nutrido grupo de abogados del Estado en excedencia asesoraba a fondos extranjeros en contra del Reino de España por los recortes a las renovables. De hecho, más de la tercera parte del cuerpo de abogados del Estado está de excedencia trabajando para grandes bufetes, multinacionales y consultoras o auditoras. En 2017, prácticamente la mitad de las compañías del Ibex tenían abogados del Estado en excedencia como secretarios del consejo de administración.
Estética y legalidad. El último portalón móvil entre los políticos y las empresas lo ha protagonizado otra exministra de Mariano Rajoy -Fátima Báñez-. La política que sirvió a las empresas el guiso de la reforma laboral de 2012 se ha incorporado a la Fundación de la patronal CEOE sin agotar los dos años de incompatibilidad preceptivos. Es legal porque el puesto, al menos formalmente, no es remunerado. Todo muy legal pero nada estético. Las proporciones no son las adecuadas. Otro cóctel arruinado.
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