La historia se repite y a ritmo vivo. En la anterior crisis económica las grandes empresas de la construcción, apuradas por el desplome en la edificación de vivienda nueva, la bajada de los precios y la caída de la demanda, se vieron obligadas a espabilar para no desaparecer. Diversificaron el negocio y buscaron nuevos mercados. El sector energético fue destino preferente de la inversión. ACS, Acciona o Sacyr, por mencionar tres empresas punteras, invirtieron en empresas energéticas -Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa o Repsol- para capear el temporal. Aprendieron, obtuvieron buenos beneficios y consagraron el negocio energético y especialmente el eléctrico como un buen refugio en tiempos de incertidumbre. Las consecuencias de aquellos movimientos en el bolsillo de los clientes eléctricos son harina de otro costal.
La crisis desatada por la Covid 19, los planes de transición energética y los fondos aprobados para reactivar las economías europeas más apuradas animan la búsqueda de oportunidades en el sector de la energía. Empresas y fondos se dan codazos para tomar posiciones. Es un movimiento espasmódico, más evidente tras el parón en la inversión que se vivió hasta hace apenas cuatro años. El Pacto Verde Europeo de 2019 -la estrategia de crecimiento para una economía climáticamente neutra- y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno han mostrado al dinero dónde van a estar los focos de inversión más rentables en los próximos diez años.
La carrera para tomar posiciones se traduce en cifras espectaculares. El gestor del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), ha recibido solicitudes para instalar 300 GW de eólica y fotovoltaica. La cifra es estratosférica. Es prácticamente el triple que la actual potencia de generación instalada de toda España y cinco veces más que lo previsto en el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)-60.000 MW en diez años-. REE ha denegado de entrada un tercio de las solicitudes y las medidas contra la especulación - Real Decreto Ley 23/2020- harán el resto. Pero las solicitudes muestran la intensidad de la fiebre en la inversión.
El recuerdo de la primera burbuja renovable, entre los años 2004 y 2008 casi ha desaparecido.
El recuerdo de la primera burbuja renovable, entre los años 2004 y 2008 casi ha desaparecido. Pero conviene volver la vista atrás para no caer en los mismos errores. En 2004 se instalaban en España 10 MW fotovoltaicos, la mitad de ellos aislados y sin cobrar primas. En 2008 fueron 3.000 MW. Los bancos y la inversión procedente del ladrillo soplaron la hoguera y se creó la tormenta perfecta. Una tormenta que duró cuatro largos años y cuyas consecuencias, en forma de reclamaciones en los organismos internacionales, aún escuecen.
Los dados vuelven a estar sobre el tablero. La consultora EY, en un estudio financiado por European Climate Fundation -en realidad un primer vistazo a los nuevos negocios “verdes” con posibilidades de financiación- sitúa a España como el tercer país europeo por número de proyectos. En concreto, el estudio enumera 79 proyectos con unas necesidades de financiación de 24.471 millones de euros. Ahí hay negocio. En un repaso apresurado son tres puntos del producto interior bruto (PIB). Y se quedan cortos. Fuentes atribuidas al Gobierno aseguran que hasta el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera han llegado proyectos para solicitar financiación por importe de 100.000 millones. El Ministerio, por cierto, ni confirma ni desmiente la cifra.
Empresas y fondos han identificado claramente dónde van a colocar las fichas. Proyectos vinculados a la nueva economía descarbonizada, respaldados por el Estado y apoyados por el dinero de la reconstrucción aprobado por la Unión Europea (UE). En el caso de España, líder en desempleo y muy castigada por el hundimiento del turismo –13% del PIB- la cuestión clave es cómo pueden repercutir esos proyectos en la productividad y en el empleo; en suma, si van a mejorar el conjunto de la economíao sólo van a llenar los bolsillos previsibles.
Conviene ser cautos El modelo de desarrollo renovable aprobado hasta 2030 en España favorece a las empresas y fondos que apuestan por grandes proyectos, especialmente en el negocio fotovoltaico, antes que por el autoconsumo y la generación distribuida. Sin duda, esos proyectos generarán empleo y animarán a la industria. Pero cabe hacerse la pregunta de si otro modelo de desarrollo renovable, más favorable a los pequeños centros de generación próximos a los puntos de consumo y, en general a las pequeñas y medianas empresas - el 95% del tejido empresarial- no hubiera sido más interesante en términos de creación de empleo y mejora de la productividad. Probablemente no lo sabremos. El monedero de la UE es más accesible a las grandes firmas y a los grandes grupos de presión que a los pequeños empresarios. Como sucede con los Gobiernos.
Las grandes compañías están contentas. Dos de los primeros espadas del sector, Ignacio Sánchez Galán y José Bogas, no han ahorrado alabanzas a los planes del Gobierno. Sólo tienen un pero. Quieren que el negocio, el gran negocio, se ponga en marcha cuanto antes. Creen que la rentabilidad está asegurada por varias razones: porque podrán participar como protagonistas en el desarrollo renovable; porque podrán utilizar como respaldo instalaciones que ahora están infrautilizadas, como las centrales de gas y porque mantendrán el control del corazón del sistema: el mercado mayorista de electricidad donde se fijan los precios. Renovables, el refugio.
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