Ribera, en estado de alerta: del olor a gasoil al olor a pólvora

Donde olía a gasoil, huele a pólvora. La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha demostrado que no tiene reparos en meter el palo en el avispero y agitarlo. La decisión de sacar del recibo de la luz los 7.000 millones que se destinan cada año a financiar el desarrollo de las renovables y repartirlos entre todas las compañías que viven de vender productos energéticos ha caído como una bomba en las empresas petroleras y gasistas. Más de un tercio de los 7.000 millones caen de su lado y no están dispuestas. El sector prepara minuciosamente las batallas que va a librar contra el anteproyecto de ley aprobado por la vía de urgencia y que se extenderán desde el Parlamento a los tribunales.

El enfrentamiento está servido. Es lo habitual en el sector energético, donde las empresas no ceden un centímetro de terreno sin plantar cara. Ya lo dijo un ministro de Rajoy -Álvaro Nadal-: “Desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética, se ha recurrido todo (…) No puede ser que todos los bonos sociales, todas las leyes energéticas, todos los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector. No es normal esta situación”. No es normal, pero sucede. Ribera que esgrime como florete dialéctico la máxima de que “quien contamina paga” fracasó en el intento de elevar los impuestos al diésel por la oposición del PNV. Intenta otra vía, pero no será sin pelea.

En el Congreso, al anteproyecto de ley tramitado  le esperan al menos seis meses de guerrilla. El lobby petrolero es más lento de movimientos que el eléctrico, pero acostumbra a hacer valer su peso. Las empresas del sector tienen las terminales más sensibles en los balances y están escocidas. A diferencia de las compañías eléctricas, que han mantenido el tipo y el valor en Bolsa durante la pandemia, petroleras y gasistas encaran un cierre de ejercicio pésimo. Se enfrentan a una tormenta perfecta alimentada por el despegue de las energías renovables, las medidas regulatorias para recortar emisiones y la limitación de los desplazamientos por los rebrotes de la Covid 19. La realidad, afirman, hace inviable e inasumible el plan de Ribera.

Las petroleras afrontan una tormenta perfecta: renovables, recorte de emisiones y  limitación de desplazamientos.

Todo porque se enfrentan a una tormenta perfecta alimentada por el despegue de las energías renovables, las medidas regulatorias para recortar emisiones y la limitación de los desplazamientos por los rebrotes de la Covid 19. Los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (junio), la corporación de reservas estratégicas Cores (agosto) y CLH (septiembre) muestran un desplome en el consumo que han teñido de rojo los resultados del tercer trimestre, lo que unido  a la situación de los mercados internacionales permiten pronosticar un cierre de ejercicio inédito.

El choque en los tribunales parece seguro. La decisión, aseguran fuentes del sector, no está tomada. Ni por las empresas petroleras, ni por la asociación que las representa AOP. Pero habrá recurso. En 2014, con José Manuel Soria como ministro de Industria y Energía, recurrieron la creación del Fondo de Eficiencia Energética al que 500 empresas empresas debían aportar 200 millones. El Supremo tumbó los recursos cinco años después, en una decisión que, según fuentes de las petroleras, “ha envalentonado al Gobierno” (de Pedro Sánchez y Ribera). Pero si se recurrió por 200 millones, se recurrirá por 7.000. Seguro.

La guerra tiene varios frentes. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha acusado a Ribera, públicamente y con estruendo, de aprobar una medida destinada a pagar la “fiesta” de las eléctricas y las retribuciones de los fondos de inversión que entraron en el capital de las compañías. Un dardo envenenado contra el presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán y contra el consejero delegado de Endesa, José Bogas. El dedo de Imaz apunta a las retribuciones que reciben por las redes de distribución, con una rentabilidad elevada en un momento de tipos de interés cero o negativos. La fiesta.

Las grandes empresas estudian cómo actuar frente a un Gobierno decidido a cambiar el juego más que las reglas.

Con tal panorama, las grandes empresas energéticas bucean en la historia reciente. Intentan encontrar ejemplos de cómo actuar frente a un Gobierno  decidido a cambiar el juego más que las reglas. El movimiento de los chalecos amarillos en Francia de 2018, que surgió como protesta contra los impuestos al combustible y las reforma económicas de Emmanuel Macron está reciente en la memoria. Provocó protestas semanales durante meses, múltiples muertes y cientos de heridos. Pero España no es Francia y un movimiento como el francés no parece probable.

El grueso del argumentario contra Ribera está listo. Sus puntos más importantes son: las petroleras cumplen de sobra con la máxima de que quien contamina paga –el 50% del precio de los carburantes son impuestos-; la subida que implican las medidas afectarán al transporte y la competitividad del país y golpearán, sobre todo, a los ciudadanos del medio rural, más dependientes de los combustibles para calefacción y transporte. Ribera, recuerdan los críticos, es ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Casi nada.