Sanidad, pensiones, vivienda y otras cosas del pasado

La tecnología y la digitalización van a resolver muchos problemas. Lo dicen los expertos, una categoría de bien informados que suele acertar cuando no se equivoca. Estamos, dicen, ante la revolución industrial del siglo XXI. Un acontecimiento que sólo entenderemos en toda su extensión y profundidad cuando nos haya pasado por encima. Como toda revolución, explican, genera miedos, incomprensiones y trastornos que no empañarán los beneficios para el conjunto de la sociedad.

Es posible que los expertos tengan razón. Es posible que la cuenta a largo plazo arroje superávit. Pero, de momento, los números no cuadran. Se rompen huevos, pero nadie está seguro de que el resultado sea una tortilla. Aparecen nuevas actividades económicas, nuevos actores y también nuevos patrones de consumo. Se transforma la oferta y se transforma la demanda. Las empresas viven un proceso de concentración sin precedentes -no es nuevo, viene de décadas atrás-, mientras las grandes corporaciones operan globalmente y alteran reglas que los economistas consideraban inmutables. Por ejemplo, que la creación acelerada de empleo en los países más desarrollados recalentaría las economías, empujaría las subidas salariales y provocaría inflación. Todo ha cambiado.

Hay cosas que ya no suceden. Lo impide la concentración empresarial, sobre todo en el sector servicios, que afecta al cine y a la música (Netflix, Spotify), a los libros (Amazon), a la publicidad (Google), la comunicación (Youtube, Facebook), el comercio (eBay, Alibaba), el turismo (Booking, Airbnb), el transporte (Uber, Cabify), la búsqueda de empleo (Infojobs, Linkedin) o las finanzas (Paypal). Es la revolución del siglo XXI que acaba con las viejas formas de comprar, vender, trabajar, desplazarse y comunicar. Quien se opone a la revolución, dicen los expertos que la entienden, son solo unos nuevos luditas -artesanos del XIX que se oponían a las máquinas- que ignoran cómo se mueve la historia.

Los viejos derechos

Pero nada es tan simple. El paquete "revolucionario" choca con los viejos derechos y las viejas necesidades. Todo está en transición. Pero nadie asegura que sea justa. La trompetería de la nueva economía, colaborativa y digitalizada, repite machaconamente la necesidad de bajar impuestos, disminuir el peso del Estado, revisar el sistema público de pensiones, flexibilizar (más) el mercado laboral o aprovechar todo el potencial del negocio inmobiliario.

Los resultados de la revolución ya se pueden observar. Sanidad, pensiones, vivienda y empleo, antes eran derechos y ahora son conceptos en transición. En sanidad, tras los hachazos de 2012, las pólizas privadas de salud no han parado de crecer. En 2017 alcanzaban -datos publicados en El País- 11,5 millones de personas, un 10% más en cinco años. Uno de cada cuatro españoles ya está en la sanidad privada, incluso pueden pedir consejo y diagnósticos por el móvil. Una revolución... para el que puede pagársela.

Los grandes cambios también han llegado a la vivienda. Los financieros se han cansado de crear dinero a partir del dinero mediante derivados. Han llegado demasiado lejos. Los derivados (Saskia Sassen, Columbia, EEUU) suponen 20 veces el PIB del mundo, unos 1.500 billones de dólares. La inversión apuesta hora por bienes tangibles. Invierten en vivienda como una mercancía más para multiplicar beneficios. En España, una zancadilla consentida al Título I, Capítulo 3, artículo 47 de la Constitución. 

Creación de empleo

El tránsito a la nueva economía se hace con creación de empleo. Pero con un aumento preocupante de la precariedad. Las empresas multiservicios y la también llamada “economía de plataformas” rompen las condiciones de trabajo y deprimen los salarios. En España, en 2018, el total de ocupados llegó al máximo de diez años: 19.564.600. Pero los bajos salarios amenazan el sistema público de pensiones, tal y como ha explicado el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. La revolución del siglo XXI compromete los logros sociales del siglo XX sin que se propongan fórmulas justas que eviten choques como el de los taxistas con los empresarios de las VTC.

No hay una única transición. Los términos digitalización, descarbonización, uberización, etc. describen procesos que están relacionados entre sí  y que convendría analizar como conjunto. El ejemplo de Francia y de Macron lo demuestra: un impuesto al gasoil puede tener sentido desde el punto medioambiental, pero ser regresivo desde el punto de vista social. En países como España hay que tener en cuenta, además, que los chalecos amarillos no están en la calle, si no en importantes consejos de Administración. Hacen menos ruido pero son muy efectivos.