OPINION

SOS Soria: más que un lamento, un símbolo

Manifestación en Soria en febrero de 2019.
Manifestación en Soria en febrero de 2019.
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El martes 31 de marzo, el alcalde de Soria Carlos Martínez  lanzó un desgarrador llamamiento público para alertar de la situación de la provincia en plena epidemia. Con 89.612 habitantes –dato de julio de 2019-, Soria es la provincia más despoblada de España y de la UE. Juntos, los sorianos que permanecen en su tierra no llenan el Camp Nou. Martínez y los sorianos más activos en la redes detallaron hasta dónde habían llegado las aguas en una tierra abandonada y sin apenas infraestructuras: el doble de casos de coronavirus por 1.000 habitantes que en Madrid y una media de fallecimientos casi tres veces superior a la media estatal. Con la cuarta parte de la población por encima de los 60 años, Martínez hizo lo único que podía: pedir socorro, pedir personal y pedir más medios.

#SOSoria se hizo viral. Pero había peticiones de ayuda previas. Una semana antes que el alcalde, los sanitarios del Hospital de Santa Bárbara ya habían mostrado la absoluta carencia de medios que sufrían al utilizar bolsas de basura en lugar de equipos de protección individual (EPIs). Apaños para atender una unidad de cuidados intensivos con 10 camas. Soria comparte tribulaciones de vida o muerte con otras provincias de Castilla-León como Segovia. Se han convertido en símbolo de un Estado que en la práctica es un sistema federal imperfecto y carente de cohesión. “España libra 17 batallas dispares contra el coronavirus” explicaba 'El País' esta semana. “Las comunidades -detallaba- se organizan internamente sin coordinarse con el resto: ni se trasladan pacientes ni viaja personal de las menos afectadas a las que lidian con miles de contagios”. Una triste realidad.

La culpa no es sólo de este Gobierno. No lo es por mucho que algunos se empeñen. Pero no se pueden ocultar los errores. Uno de ellos, apuntan fuentes al tanto de la gestión de la crisis, ha sido centralizar en el Ministerio de Sanidad la compra de suministros médicos. Con la excepción de material para Ceuta y Melilla, el ministerio que dirige Salvador Illa no se ha encargado de las compras en 20 años. Todo está transferido a las comunidades autónomas. La última comunidad que asumió las competencias de sanidad fue Asturias, hace 19 años. En el momento en que explotó la crisis, Sanidad carecía de músculo de contratación y le sobraba desconocimiento de los procedimientos. Fallos de los que conviene extraer lecciones.

Como advierte la ONU, el mundo se enfrenta a la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial. No es un parón temporal de la actividad económica. La recesión va a ser prolongada, va a provocar conflictos sociales y va a desarbolar las economías.  El confinamiento de buena parte de la humanidad, aunque temporal, también pasará factura. La tensión prolongada, como la que afecta en estos momentos al personal sanitario tiene costes a medio y largo plazo. La factura no va a ser sólo emocional, sino en euros.

España tiene una posición especialmente débil en el nuevo escenario. Con una deuda pública elevada, sin colchón y con el gasto disparado, sólo la ayuda externa puede evitar el derrumbe. Las previsiones de ingresos del último proyecto de presupuestos –IVA, 73.0000 millones; sociedades, 21.000; impuestos carburantes, 11.000- son papel mojado. El Ejecutivo ha apostado por cubrir lo más posible a las capas de la sociedad más vulnerables y la decisión, lógica, obligada, necesaria, va a disparar el gasto público. Pese a todo, es la opción más inteligente. Taponar las grietas sólo con caridad es el camino para cebar un estallido social de consecuencias imprevisibles.

Sin duda, la articulación de las medidas, así como la forma de comunicarlas y de aprobarlas no ha sido la mejor. Partidos y organizaciones empresariales han criticado, con razón, el apresuramiento y la ausencia de diálogo. Pero se abusa de las líneas rojas. Las críticas más ácidas se basan en la idea de que estamos ante una crisis corta, de la que se puede salir rápidamente a condición de no tocar el tejido empresarial. En ese escenario, los riesgos de salud pública son asumibles aunque sean elevados. Es una grave equivocación. La crisis desatada por la pandemia puede ser temporal, pero no será corta. Sus efectos no van a desaparecer de la noche a la mañana y no caben los cálculos de bajas razonables. El argumento de que una economía en crisis y con el tejido empresarial debilitado también provoca muertes tiene fundamento. Es sólido. Precisamente, para evitarlo se aprueban medidas de respaldo hacia las familias vulnerables y se apela a la solidaridad en la UE. Todo para prevenir tragedias como las que se registraron en el pasado.

Tiempo habrá para debatir si tiene sentido defender bajadas de impuestos mientras se piden donaciones a los ciudadanos o la utilización descarada de la crisis para hacer publicidad empresarial. Tiempo habrá para reflexionar por qué hay quien considera ideológicamente repugnante que el Estado ayude más a quien tiene menos. Lo importante ahora es atender las llamadas de auxilio. Remediar la situaciones de abandono que se cocieron cuando España ¿recuerdan? crecía por encima de la media de la UE. Tierras abandonadas, sin comunicaciones ni medios para atender a una población envejecida, con hospitales en mínimos y “quirofanillos” en lugar de quirófanos. #SOSoria no es sólo un lamento, es un símbolo.

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