Ribera en el año que llovieron euros

Lo admiten hasta sus detractores: la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene una formación sólida. Sabe de lo que habla. Pero es más técnica que política. Lo ha demostrado en sus declaraciones a los medios de los últimos días. En las entrevistas ha compensado con entusiasmo la gran carencia del Gobierno Sánchez: falta de tiempo para aplicar sus ideas. Su plan inmediato consiste, según sus propias palabras, en "mandar las señales estratégicas adecuadas del cambio de orientación" en la política energética y medioambiental. Es más técnica que política porque sus afirmaciones rotundas sobre el carbón o las nucleares no dejan mucho espacio para dar pasos atrás. Algo que tendrá que hacer; si no en todos, sí en algunos de los temas más controvertidos.

El entusiasmo de Ribera es de agradecer. Pone en primer plano cuestiones casi olvidadas, en las que nadie repara. Por ejemplo, cómo se benefician unos pocos con la gestión del agua en un mercado como el eléctrico que no funciona bien. Ribera lo apuntó en su entrevista en la SER: hay que hablar de aspectos del mercado, dijo, como "el pago de los kilowatios de origen hidroeléctrico, que tienen poco coste en términos de generación y cuyos costes en instalaciones están amortizadas desde hace tiempo". A eso se llama meter el dedo. Si no en el ojo, en el agua. Traducido: alguien se lo está llevando crudo en un año en el que ha llovido mucho. Más que lluvia, del cielo han caído euros.

Las palabras de Ribera son todo un aviso. El agua, un recurso de naturaleza pública, lleva transformándose desde hace décadas en beneficios para un puñado de empresas. En España hay más de 20.000 MW hidráulicos y la inmensa mayoría en manos privadas. Iberdrola (23 centrales, 8.847 MW instalados) y Endesa (4.759 MW) son las empresas que controlan el negocio. Las hidroeléctricas son clave para su actividad. Pero falta transparencia.

Instalaciones amortizadas

Tiene razón Ribera en que las instalaciones están amortizadas. Entre 1950 y la década de los 70, las empresas cobraron compensaciones por encima de los costes registrados según facturas, dentro del sistema denominado OFILE –Oficina Liquidadora de la Energía Eléctrica-; posteriormente, cobraron también parte de los denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC). Asegurado el beneficio, las empresas obtuvieron un trato de favor en 2000 para extender la vida útil de las concesiones obtenidas en el franquismo. Mediante el Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Rd 606/2003), las empresas que modificaron la altura o el caudal en las presas para contener más agua lograron ampliar automáticamente el límite temporal de las concesiones.

En septiembre del año 2012, el Gobierno del PP limitó a 75 años las concesiones hidroeléctricas. La asociación patronal eléctrica Unesa recurrió el Decreto aprobado por el Ministerio de Agricultura en la época de Miguel Arias Cañete, pero el Tribunal Supremo respaldó la medida. Ahí acabó la transparencia. Las empresas concesionarias no detallan cuándo expiran las concesiones de cada una de las instalaciones. Y tampoco lo ha hecho la Administración hasta ahora.

En los próximos 20 años finalizan las concesiones de centenares de centrales (hasta 230 según datos del antiguo Ministerio de Medio Ambiente) y no hay una relación detallada todavía. Un galimatías. Las leyes en muchos casos son del siglo pasado y hasta varían según municipios. Hasta ahora, nadie parece tener una visión de conjunto. Hasta tal punto que hay concesiones, aseguran fuentes de las propias empresas, que pueden haber agotado el plazo de la concesión sin que ninguna administración haya reclamado la reversión o compensaciones por mantener la explotación.

Las presas y sus cánones

Ribera conoce el problema. El Ministerio de Medio Ambiente, dirigido entonces por Cristina Narbona, revisó los cánones de las presas construidas tras la Guerra Civil (1936-1939) y con concesiones de hasta 75 años. Descubrió que pagaban cantidades mínimas, amparadas por una legislación muy favorable que retribuía a las concesionarias por la inversión realizada en las centrales y no por la energía producida. Una presa como la central sevillana de La Serena, finalizada a principios de los 90, cobró durante seis años de sequía sin producir un KW.

No se trata sólo de las concesiones. Los precios eléctricos de abril y de mayo, meses en los que ha llovido como pocas veces, no han reflejado la mayor producción hidroeléctrica. Las empresas han gestionado el agua acumulada como mejor les parece y les permite la legislación. Han vendido el kilovatio producido con agua al mayor precio posible. Es el mercado amigo. Un mercado que no funciona bien.

Ninguna norma puede inmiscuirse en cómo gestionan el agua las eléctricas. Lo hacen a su libre albedrío. Nadie controla. Ribera sabe que tiene tarea por delante. Ha metido el dedo en el agua. Ahora se trata de no meter la pata.