La Policía de Reino Unido incluyó temporalmente al movimiento Extinction Rebellion (XR) de defensa del medio ambiente, en una lista de ideologías extremistas a tener bajo control para evitar actos terroristas. La iniciativa, muy polémica, fue retirada, pero es un indicio del choque del ecologismo con las estructuras políticas y económicas más tradicionales. En la Cumbre del Clima celebrada en Madrid proliferaron las campañas de empresas presentando sus productos como respetuosos con el medio ambiente aunque en realidad no lo fueran. El concepto en inglés es 'Greenwashing'. En castellano coloquial: dar gato por liebre
El pulso entre los activistas medioambientales y las viejas estructuras empresariales, financieras y económicas es desigual y está lleno de trampas. Algunas son burdas y otras arriesgadas. Pero todas son insultantes para sociedades cada vez más críticas y exigentes al reclamar acciones concretas a los Gobiernos. Los grandes jefes de las finanzas internacionales olfatean los cambios. Black Rock, la mayor gestora de fondos del mundo, que maneja en inversiones siete veces el PIB de España, amenaza con penalizar a las empresas cotizadas que no tomen medidas para frenar el cambio climático. Puede ser postureo, pero hará pensar a las compañías que intentan sobrevivir a base de disfraces.
Los cambios se aceleran. En España, el ascenso de Teresa Ribera a en una vicepresidencia “verde” prueba que la agenda política ya está marcada por la sostenibilidad de la economía, su descarbonización y la innovación. No va a ser un proceso lineal. Las contradicciones son moneda corriente, incluso en un Gobierno concienciado en la lucha contra el cambio climático como dice ser el de Pedro Sánchez y sus socios de Unidas Podemos.
Dispersión ministerial
Un ejemplo de contradicción es la dispersión entre diferentes ministerios de las competencias sobre sectores que son claves en la lucha contra las emisiones y el cambio climático. Dos vicepresidentes –Pablo Iglesias y Teresa Ribera- y un ministro con gran ascendencia sobre el presidente Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, tienen poder de decisión sobre el transporte, el urbanismo, la renovables y la economía sostenible. La división obliga a un esfuerzo de coordinación inédito para conseguir resultados. No sólo entre ministerios, sino entre socios de Gobierno. Es un reto para una Administración del Estado poco dada a la cooperación entre departamentos e instituciones.
Los Estados y los Gobiernos están desconcertados. La ciudadanía presiona a favor de medidas contundentes contra el cambio climático, pero las viejas estructuras chirrían. Hay países con buen cartel ambiental que no resisten la prueba del algodón. Hay más, pero Noruega es un ejemplo. El país es líder en energía hidráulica, presenta periódicamente medidas pioneras para extender coches y aviones eléctricos y se ha comprometido con la neutralidad climática en 2030. Además, patrocina proyectos verdes en el extranjero y prohíbe al Estado contratar con empresas que contribuyan a la desforestación global. Pero hay otra cara. Noruega es un gran productor y exportador de petróleo y gas y ha defendido con uñas y dientes, en público y ante los tribunales de justicia nacionales su derecho a perforar nuevas concesiones en el mar de Barents, el círculo Polar Ártico.
En España, su fondo soberano Norgest Bank, es el tercer accionista de la petrolera Repsol tras Sacyr y el converso a la causa medioambiental Black Rock. ¿Contradicción? Puede ser. Pero no más grande que la protagonizada por la multinacional española que, el mismo día que se comprometía a alcanzar el nivel cero de emisiones en el año 2050 - jornada inaugural de la Cumbre del Clima de París- ratificaba con su socio ruso Gazprom Neft seis nuevos proyectos de exploración de gas en Siberia.
Un plan con muchos apellidos
Diferenciar entre gatos y liebres en el consumo de información no es fácil. Ni siquiera cuando la información procede de las instituciones. Un caso concreto. La Comisión Europea ha presentado el Plan de Inversión para la Europa Sostenible y el Fondo de Transición justa. Un plan con muchos apellidos y mucho dinero sobre el papel. Nada menos que un billón de euros "movilizados" para financiar la transición energética. En realidad, la propuesta sólo contiene 7.500 millones de nuevos fondos. El resto ya estaba contemplado en las negociaciones del Marco Financiero Multianual (MMF) para el periodo 2021-2027.
El trampeo –'Greenwashing'- se extiende. En España, antiguos directivos del Ibex 35 impulsan proyectos para extraer gas que han estado paralizados durante años por la oposición a las técnicas de “fracking” -la técnica de romper rocas para extraer hidrocarburos-. Los permisos se han blanqueado en el BOE tras años de controversia y a pesar de las convicciones de quienes dirigen la política energética del país. Una contradicción. Aunque menos peligrosa que la que castiga a Australia, segundo exportador mundial de carbón, acosado por incendios incontrolables relacionados con el calentamiento global.
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