La transición energética, entre el corazón y la cartera

Se avecina otra batalla. El Ministerio de Transición Ecológica quiere que el recorrido desde el modelo energético actual a otro basado en la sostenibilidad y las energías limpias lo paguen “también” las empresas energéticas. El “también” es importante; es el pistón del cartucho. Las empresas no se niegan a pagar, pero lo estrictamente necesario. Si el Gobierno elabora -como es probable- una norma para forzar a las compañías energéticas en reconversión a ir más allá de lo que consideran obligado por la normativa en vigor, acudirán a los tribunales. En palabras de una de las compañías afectadas, van  recurrir “hasta la fecha”.

La polémica que se avecina tiene que ver con los cierres anunciados de instalaciones nucleares y de carbón. Las compañías están de acuerdo en hacer frente a los problemas que generen esas decisiones empresariales. Pero solo en tres aspectos: la recolocación de empleados; el desmantelamiento de las instalaciones en condiciones adecuadas de seguridad y el acondicionamiento del entorno. Lo obligado.

El departamento que dirige Teresa Ribera, con su área de transición justa, quiere más de las empresas. Les reclama una visión no sólo empresarial de la realidad, sino también una visión social. Puede ser la valentía de los ingenuos. De los que creen que el mercado también tiene su corazoncito. Escondido, pero corazón al fin. Sus argumentos son más filosóficos que económicos: las empresas energéticas, sostienen, han ganado mucho dinero y deben hacer honor a sus propios códigos de responsabilidad corporativa para devolver a la sociedad una mínima parte de los beneficios recibidos. Es un argumento muy alejado del “es el mercado, amigo” que está grabado -invisible pero indeleble- en el ADN de las grandes corporaciones. Corazón y cartera.

Monocultivos industriales

El enfrentamiento que se avecina afecta a zonas del país marcadas por los monocultivos industriales y la despoblación. Comunidades mineras y centenares de pueblos situados alrededor de las centrales temen que de la noche a la mañana se evaporen los recursos con los que han contado en las últimas décadas para sobrevivir. La inquietud se extiende a los municipios nucleares, que cobran por tolerar residuos en sus proximidades Las ayudas que reciben decenas de localidades desde hace 30 años no se van a acabar de repente. Pero con el apagón nuclear y el nuevo Plan de Residuos en marcha, toca hacer balance de dónde, para qué y cómo se han utilizado los más de 400 millones de euros repartidos a los ayuntamientos, sin contar la recaudación por IAE e IBI.

Ribera también apela a la cartera para demandar la ayuda de las empresas en el cambio que propone. Por eso asegura que la transición energética movilizará oportunidades de inversión por más de 200.000 millones de euros en la próxima década. En el 'Spain Investors Day' y ante inversores de todo el mundo, Ribera defendió que España es "un país idóneo" para invertir de manera sostenible y un país "atractivo" para las inversiones en energía, con el el mayor potencial para el fomento de las energías renovables en la UE".

Tras las declaraciones de la ministra están todos los informes internacionales (Energy Watch Club, The New Climate Economy…) que traducen a beneficios económicos y a creación de empleo la lucha contra el cambio climático. Son cuentas a medio y largo plazo que no convencen a las empresas, presionadas por los resultados trimestrales y la obligación de cumplir las expectativas de analistas y accionistas. La cartera primero.

Por eso las petroleras -por poner un ejemplo- han combatido las propuestas del Gobierno Sánchez con datos sobre el posible impacto de sus anuncios en la recaudación de impuestos relacionada con los hidrocarburos -17.522 millones en 2017- y con estadísticas de Eurostat que sitúan a España como uno de los países más limpios de la UE; eso sí, en emisiones por habitante.

Pese a las resistencias, algo se mueve. Tras los años de parón total, el año pasado España logró multiplicar por más de siete las inversiones en proyectos de energías limpias, hasta alcanzar los 6.840 millones de euros. En 2017 apenas fueron 1.100 millones que se registraron en 2017, según los últimos datos de Bloomberg NEF, recogidos por El Independiente.

Habrá que ver hasta dónde llega la batalla y hasta dónde es capaz de llegar Ribera. Cada retraso en la toma de decisiones es una barricada más para los grupos que intentan aplazar lo más posible la aprobación de medidas contra el cambio climático porque perjudican la cuenta de resultados. La Estrategia de Transición Justa, el Plan de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático se anunciaron para finales de 2018. Aún no se han presentado. Es lo que pasa cuando chocan corazón y cartera. Que hay batalla.