La Transición Energética también está en funciones

El origen de la expresión "manga por hombro” se lo escuché a un erudito colombiano, país en el que se habla un magnífico español. Contaba que un error frecuente en las sastrerías consistía en coser a la hombrera de la chaqueta, por el puño,  el tubo que forma la manga. El resultado ya se sabe: desastre, desorden y vuelta a empezar. Está sucediendo con los planes de transición energética. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha colocado los cambios en el sector energético en el frontispicio de su plan de Gobierno. Pero Sánchez y su equipo están en funciones y la transición energética, también. Manga por hombro.

Un vistazo a la tramitación de los planes anunciados en los últimos meses muestra que hay una preocupante pérdida de tiempo al articular el marco legal que debe guiar la descarbonización y la lucha contra el calentamiento global. Todo está empantanado. La Ley de cambio Climático está en el limbo. En caso de que se celebrarán elecciones en noviembre y Sánchez volviera a formar Gobierno, la norma no echaría a rodar hasta la primavera del próximo año. En el mejor de los casos, sería aprobada después del verano de 2020. Año perdido. Lo mismo sucede con el rosario de proyectos que deben guiar la transición, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a la Estrategia de Transición Justa, el Estatuto del Consumidor Electrointensivo que reclaman las grandes empresas o los planes para rehabilitar viviendas y mejorar su eficiencia energética.

El retraso en la aprobación y aplicación de medidas para proteger el medioambiente es grave porque el cambio climático exige acciones urgentes y planes solventes. Los expertos sostienen que esta transición energética, a diferencia de otras registradas en la historia, no se producirá de forma espontánea. Los mismos intereses -económicos, por supuesto- que en el pasado impulsaron el paso de la leña al carbón, del carbón al petróleo, y del petróleo a la electrificación, lastran ahora los cambios. Para sacar adelante la transformación que necesita el país se precisa voluntad política y mucha coordinación, en el Gobierno y entre Gobiernos, autonómicos y municipales.

¿Quién aprueba este plan?

No es lo que está sucediendo. Un ejemplo: la empresa pública que gestiona los residuos nucleares, Enresa, elaboró antes del verano el Plan General de Residuos (el VII) que debe sustituir el vigente, aprobado hace 14 años. El Plan está en un cajón. Enresa no tiene a quién enviarlo. No hay Gobierno que le dé el visto bueno necesario para presentarlo en Bruselas y ante las organizaciones internacionales a las que pertenece España como uno de los 31 países que utiliza la energía nuclear. Tres ministerios, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) están a la espera de recibir un documento que es la llave para hacer efectivo el cierre de instalaciones nucleares pactado a partir del año 2027 y hasta 2035.

España es uno de los ocho países de la UE –con Bélgica, Francia, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Portugal y Suecia- que han pedido más ambición y la declaración de urgencia climática para que la Unión Europea se prepare para una transición “ambiciosa, eficiente y socialmente justa”. Pero la coyuntura política manda. Trabajar con luces largas en un país que camina hacia sus cuartas elecciones generales en cuatro años es más que difícil. Es un milagro. Tienen razón quienes consideran imprescindible la firma de un Pacto de Estado que, además, considere la energía como un bien escaso y de primera necesidad y no solo como un negocio.

Recursos en el aire

Con el Gobierno en funciones y sin un Pacto de Estado para encarar las urgencias de la transición, la movilización de inversiones y recursos prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) -236.000 millones de euros hasta el 2030- están en el aire. Y con ellos, tres sectores clave para la economía: el sector de la energía, con la apuesta por las renovables; el de automoción, presionado por el desarrollo del vehículo eléctrico y la construcción, pendiente de un programa eficaz de rehabilitación de edificios. Un dato: hay ocho millones de propietarios de vivienda mayores de 65 años lo que da idea del campo que se abre para mejorar el parque cuando aumenten las ventas y las herencias en los próximos años.

Una prueba más de que la transición energética está en funciones es lo sucedido esta semana en la presentación de las 370 medidas que el PSOE ha adoptado como programa de Gobierno. En el apartado referido al futuro de los vehículos diésel (punto 256), la propuesta cambió en cuestión de horas. Pasó de la prohibición de venta en el año 2040 a “se trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+I". Fue un movimiento repetido. En febrero, la ministra de Transición Ecológica, ahora en funciones, dio marcha atrás en la misma forma para evitar peros desde Bruselas.

Es lo que tiene gobernar en funciones, que es más fácil repetir errores que coleccionar aciertos. El tiempo corre y cuanto más se retrase la estrategia de transición, más sufrirán los ciudadanos. Las dilaciones acabarán por penalizar la competitividad de las empresas y la modernización del tejido productivo. No basta con voluntad, se trata de coser la manga en el lugar debido.