OPINION

La transición energética debe ser justa y parecerlo

Manifestación por el cambio climático
Manifestación por el cambio climático
AMNISTÍA INTERNACIONAL

España, quinta economía de la Unión Europea, tiene por delante uno de los retos más difíciles de su historia: transitar hacia una economía libre de carbono desde su posición de dependencia absoluta de las importaciones de petróleo para cubrir las necesidades energéticas. El desafío es enorme porque no se ha logrado desacoplar el crecimiento de la economía de las emisiones de gases y tiene que transformar sectores clave para cumplir con los objetivos medioambientales comprometidos. En un país que tras cinco años de crecimiento del PIB está en la cima europea del desempleo –tras Grecia- la tarea es ingente. 

El Gobierno de Pedro Sánchez, todavía en funciones, ha logrado en poco más de año y medio instalar en la sociedad la idea de que la transición energética está en el centro de su acción política. El trabajo del Ministerio de Transición Ecológica, con Teresa Ribera al frente, ha sido fundamental para vencer las poderosas resistencias de sectores empresariales que temen perder pie en un sistema económico con nuevas reglas. Ribera ha tenido que trabajar con mano izquierda para lidiar con trabas a sus propuestas en el mismo Consejo de Ministros. El camino está trazado, aunque no despejado.

En el proceso de transición energética va a haber perdedores. No se sabe cuántos. Pero sí se sabe dónde. El sector del automóvil, el turismo, la construcción, el transporte y el sector energético serán los más afectados. Van a desaparecer muchos empleos. Es la consecuencia de un proceso que tiene beneficios a largo plazo, pero un impacto negativo en lo inmediato que van a soportar en primera línea los ciudadanos más golpeados por la ¿pasada? crisis y por el aumento de la desigualdad.

Lo injusto es no hacer

Los teóricos de la transición energética sostienen que lo injusto para el conjunto de los ciudadanos es no hacer nada; que hay que tomar medidas, pero sin dejar a nadie atrás. No es fácil porque, entre otras cosas, el proceso exige cambiar de punto de vista y poner el ciudadano por delante de las consideraciones territoriales y económicas. Es la transición justa, un concepto que se maneja desde hace 20 años y que va a ser puesto a prueba más pronto que tarde ya que, según admite el propio Gobierno en sus documentos de trabajo, “tanto a corto como a largo plazo, se producirán dificultades para sectores y territorios concretos”.

El fracaso en la COP 25 para avanzar en la lucha contra el cambio climático pone las cosas más difíciles.
El fracaso en la COP 25 para avanzar en la lucha contra el cambio climático es una mala señal. / EFE

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene en sus informes que los efectos del aumento de temperatura que ya se registran van a destruir el equivalente a 72 millones de empleos-año de tiempo completo para 2030. Con el fracaso de la Conferencia de las Partes (COP 25) de Madrid, las perspectivas no mejoran precisamente. En la UE, y también en España, se mantiene la idea de que la transición energética creará más puestos de trabajo de los que destruirá. Según la UE, en los próximos 10 años, el balance neto entre puestos de trabajo creados y puestos destruidos será positivo en 700.000 empleos. Puede ser. Pero no sucederá sin esfuerzo.

La patronal CEOE, que está en una posición privilegiada para otear el horizonte, defiende como una de las medidas más necesarias aumentar la inversión en investigación y desarrollo desde el ridículo 1,4% del producto interior bruto (PIB) actual hasta el 3% para no perder un tren que no va a pasar dos veces. La transición justa, de momento, sólo existe sobre el papel, con apenas 600 millones de euros comprometidos por el Gobierno en funciones y mucha buena voluntad. El proceso de cambio está en sus balbuceos, con las eléctricas cerrando centrales de carbón, el apagón nuclear pendiente y la minería como ejemplo de lo que no hay que hacer.

Transición, no demolición

Se trata, ante todo, de hacer una transición y no una demolición. A largo plazo, es muy posible que el combate contra el cambio climático genere más empleo y hasta mayor bienestar. El problema está en que los impactos del cambio, tanto los positivos como los negativos, serán territorialmente desiguales y que los empleos que se crearán no siempre lo harán en el mismo momento ni en el mismo lugar que los que se perderán.

Por eso, la transición tiene que ser justa y, además, parecerlo. En las reuniones de París y de Katowice (Polonia), los Gobierno avanzaron en un compromiso para la reconversión justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente y empleos de calidad en el proceso de transición energética de cada país. Acertar con las medidas es tan importante como debatirlas con la sociedad civil. Sólo así se podrá afrontar la transformación de sectores económicos clave.

La sociedad española es una de las más despiertas acerca de los riesgos del cambio climático. Puede aceptar sacrificios, pero siempre que sean por una razón justa. El Gobierno tiene que ir con pies de plomo porque hay muchos intereses en juego. Hay ejemplos cercanos sobre lo que sucede cuando se adoptan medidas, por necesarias que sean, cuando ni se explican ni se atenúan las consecuencias sobre los más desfavorecidos, como sucedió en Francia con los recargos medioambientales a los carburantes y la protesta de los chalecos amarillos (gilets jaunes). Porque una cosa es no querer pagar y otra no poder pagar. 

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