Vivienda: el primer problema del Gobierno nonato

Emplear eufemismos y neologismos para disimular problemas no es nuevo. En lo peor de la crisis, cuando los parados más jóvenes y mejor formados decidieron votar con los pies y salir del país, la hemorragia de trabajadores hacia la UE se denominó “movilidad exterior” y el rescate bancario “préstamo en condiciones ventajosas”. Las definiciones no ocultaron por completo los problemas de fondo, pero facilitaron el discurso de los políticos.

La moda se ha sofisticado y se emplea el inglés. Proliferan términos como 'Nesting', 'Job Sharing', 'Coworking' o 'Coliving'. Formalmente son términos para describir nuevas realidades en la sociedad del siglo XXI, marcada por la globalización e Internet. En realidad, se refieren a situaciones enquistadas que afectan a los perdedores de la nueva economía, jóvenes sobre todo. Son personas que se juntan en un espacio de trabajo para compartir gastos –'Coworking'-; que sólo pueden acceder a un puesto de trabajo precario –'Job sharing'-; que no pueden gastar en fin de semana y pasan el tiempo en casa –'Nesting'- o que se ven obligadas a vivir en una habitación alquilada en una casa compartida –'Coliving'-.

Cada nuevo término va acompañado de explicaciones con referencias al emprendimiento, a Silicon Valley, y a las plataformas de moda. Son cuentos. Compartir gastos entre gente más o menos amiga o vivir en una casa compartida, de habitación o de pensión, fue algo habitual en la España del desarrollismo. Los barrios de aluvión de las ciudades que acogieron las grandes olas de emigración de los años 60 se llenaron de gente obligada a convivir en espacios reducidos, habitaciones con derecho a cocina y pensiones de bajo precio. A diferencia de lo que sucede ahora, nadie les intentó presentar esa forma de vida como moderna o interesante. Ni siquiera digna. Era lo que había. Lo sabían y trabajaron para mejorar en su espacio y en su dignidad, que suelen ir de la mano.

En muchos aspectos, la sociedad española postcrisis ha vuelto al pasado. No es sólo que las tasas de natalidad hayan caído a niveles de postguerra. Hay un grave problema de acceso a la vivienda y resolverlo es una de las tareas urgentes que aguarda al próximo Gobierno. Basta una pincelada para describir la situación. Según detalla el economista Julio Rodríguez en un reciente artículo, entre 2013 y 2019, el crecimiento acumulado de los precios de la vivienda fue del 33,4% y el de los alquileres un 50,1%. En ese periodo de tiempo, los salarios solo crecieron un 4,2%. Eso explica que compartir vivienda no sea una opción, sino algo obligado.

En España, como ya sucedió en Francia, en Portugal, en Alemania o en Estados Unidos, hay un debate abierto sobre la pertinencia –y las consecuencias- de imponer topes a la subida de los alquileres. Los países que han favorecido el control de precios lo han hecho con normas estatales que permiten a los ayuntamientos establecer algún tope a los aumentos de los alquileres. Unidas Podemos, que negocia un Gobierno de coalición con el PSOE, aboga por detener la subida “abusiva” de los precios del alquiler, a través de la intervención de los Ayuntamientos, conforme a índices de precios para que ninguna familia pague más del 30% de su renta por el alquiler.

Está por ver que logre el objetivo. Para empezar, el Plan Estadístico Nacional de 2020 anunciado no incluye la creación de un análisis del precio del alquiler de vivienda, algo que sería clave para poner en marcha políticas de control. Los datos recabados por los jueces –informe del Consejo del Poder Judicial- muestran que los desahucios de viviendas en España se situaron en el tercer trimestre en el nivel más bajo desde que comenzaron a recogerse cifras en el año 2013. Pero la mayor parte de los desalojos, siete de cada diez, son por impago de los alquileres.

La estadística judicial indica que el problema social de la vivienda, que afecta a las capas más desfavorecidas del país, ha entrado en una segunda fase. Ya no se desahucia a quienes se endeudaron y contrataron hipotecas para adquirir una vivienda en propiedad. Se desahucia a quienes no pueden ni soñar en ser propietarios y que tampoco pueden hacer frente a la subida de los alquileres. Para los desahucios no hay palabra divertida en inglés. El término “eviction” (desalojo), suena demasiado rotundo.

De momento, no se sabe qué hará el próximo Ejecutivo, sea cual sea y se constituya cuando se constituya. Si toma forma con el acuerdo PSOE-Podemos se debatirá, al menos, la propuesta de aumentar el parque de viviendas en 50.000 al año con la idea de fomentar el alquiler. España no dispone de un parque de viviendas sociales. En Madrid, el PP las vendió a miles a los fondos buitre. El control de los alquileres, especialmente en algunas capitales, es el problema más urgente al que se enfrentará el próximo Gobierno. Cuando nazca.