Martes, 19.03.2019 - 10:04 h
En la frontera

La verdad sobre el Windsor: carecía de alarma anticorrupción

“Desempleo, corrupción y organización territorial son los problemas más notables del contexto sociopolítico español”. El análisis es del año 2014 y su autor, el economista y expresidente del Banco Hipotecario ,Julio Rodríguez. Han pasado cinco años y algunas cosas han mejorado, al menos en las estadísticas. Otras siguen ahí, como el dinosaurio de Monterroso.

Hay quien piensa que el fenómeno de la corrupción es ya pasado. Una cuenta que, si no está completamente saldada, está a punto de ser cerrada en los juzgados; una cuenta, en todo caso, más que pagada en el plano político con la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy. Es un error.

España sigue siendo un país marcado por la corrupción. La prueba es que parezca perfectamente creíble la historia de cómo un antiguo policía incendió o mandó incendiar un rascacielos en el corazón financiero de la capital del Reino para destruir documentos comprometedores contra un banquero; unas pruebas custodiadas –es un decir- por una auditora de campanillas que sólo guardaba una copia de los documentos.

La historia del incendio del Windsor podría haber sido escrita por los Mankell, Márkaris, Camilleri o Montalbán, los grandes de la novela negra. Pero no. Está esbozada en los partes -funcionariales, asépticos, formales y probablemente exagerados- escritos por un antiguo servidor público para contentar y cobrar a su cliente. Pero a nadie le ha parecido una historia esperpéntica, increíble o exagerada. No se trata sólo de que a este país le gusten las teorías de la conspiración -que también-, es que hay prácticas que están interiorizadas. Hasta el tuétano. El expediente recién abierto por la CNMC a 25 consultoras por repartirse el mercado de servicios y las licitaciones públicas apunta en esa dirección.

Un problema global

La corrupción es un problema global. Ningún país, ninguna región, ningún municipio está inmunizado. Es un consuelo pequeño porque sus efectos son devastadores. La corrupción afecta –para mal- a la asignación racional de los recursos públicos, distorsiona el aparato productivo, cansa a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones y deteriora gravemente la imagen exterior del país.

Imágenes del incendio del Windsor en febrero de 2005.
Imágenes del incendio del Windsor en febrero de 2005. / EFE

Sin entrar en números, porque los hay para todos los gustos, sí se han publicado informes académicos sobre el impacto de la corrupción en España. Los trabajos para el Banco de España de especialistas como José Ángel García-Santana o Enrique Moral-Benito ilustran cómo el crecimiento de la economía entre 1995 y 2007 se focalizó en los sectores con peores productividades, pero más y mejor conectados con las administraciones públicas. Los informes apuntan a que, sin corrupción, el país habría logrado un 1,1% de crecimiento anual adicional. Cada punto del PIB son 10.000 millones. Para pensar.

La cifra no parece exagerada. Sin llegar al relato del policía delincuente y del banquero que se atragantó con su propio ego, el Tribunal de Cuentas ha explicado que, entre 2002 y 2010, las obras para construir estaciones de alta velocidad arrojaban a finales de 2016 un sobrecoste de 7.633 millones de euros. Baja productividad y conexiones con las administraciones.

Control y prevención

El problema está detectado. La forma de solventarlo, también. Para acabar con la corrupción es necesaria una panoplia compuesta de transparencia, instituciones independientes, rendición de cuentas y ciudadanos activos. La Comisión Europea, en una inusual referencia a la corrupción en España (año 2017) hizo especial hincapié en los mecanismos de control y de prevención.

En este último punto, España sigue con tareas pendientes. No hay más que ver lo que ha sucedido –y aún sucede- con organismos clave para el buen funcionamiento de los mercados como la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La mezcla de intereses políticos y personales afectan a supervisores clave para el funcionamiento de los mercados y para prevenir prácticas que, si bien es cierto que remiten, lo hacen con demasiada lentitud. La buena noticia es que cada vez hay más alarmas anticorrupción. Aunque para el Windsor ya sea tarde.

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