Año 2022: ni se ejecutan los fondos europeos ni llegan a las empresas

España se encuentra en un momento de gran incertidumbre y esa sensación se extiende al conjunto de la sociedad, presionando negativamente sobre las expectativas de los agentes económicos. Desde hace nueve meses padecemos el mayor proceso inflacionista de los últimos cuarenta años, con riesgo potencial de que se agudice por una inflación de segunda ronda sobre la que llevan advirtiendo organismos e instituciones desde hace meses.

Los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la falta de acierto para contener eficazmente los costes energéticos, los daños colaterales en nuestra economía por la invasión rusa de Ucrania y su probable prolongación en el tiempo, la falta de confianza que impide que el consumo de los hogares se active y el ahorro embalsado estimule la actividad económica, el volumen récord de la deuda pública con 1,45 billones de euros, los cambios de política monetaria que empeorarán nuestras condiciones de financiación o las dudas que existen sobre la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, son, todas ellas, incógnitas que restan en la ecuación que determinará la evolución de la economía española, donde los sumandos tan sólo se podrían manifestar en forma de reformas estructurales o de impacto positivo por la ejecución de los fondos europeos.

Es precisamente aquí, donde residen las frágiles esperanzas del Gobierno para presentar ante la sociedad un balance económico positivo, que alumbre el horizonte electoral cuando el resto de luces se están apagando por el daño que las clases medias y trabajadoras están sufriendo, día a día, en sus bolsillos.

La Intervención General del Estado acaba de publicar los datos de ejecución presupuestaria hasta el 30 de abril y como podíamos deducir tras lo sucedido el año pasado, la incapacidad del gobierno para gestionar de manera eficaz y eficiente los fondos europeos será un lastre muy pesado para el crecimiento de nuestro PIB en 2022 y 2023.

Si miramos por el retrovisor a lo sucedido en 2021, observamos como se aceleraron en el mes de diciembre y de forma atropellada los repartos de fondos entre las CCAA a través de las conferencias sectoriales. Se realizaron pagos antes de final de año por 11.000 millones de euros, el 45% de lo presupuestado para el 2021, cuyo destino mayoritario fueron las CCAA u organismos públicos como ADIF, RED.es, CDTI, etc.

Como manifestaron la AIREF y el Banco de España, el impacto sobre la economía española fue prácticamente nulo y la cantidad que llegó al tejido empresarial todavía forma parte de nuestro imaginario porque el gobierno sigue sin dignarse a dar un dato sobre lo que realmente ha llegado a las empresas y autónomos. No podemos sorprendernos por su desánimo y frustración.

Los datos a cierre de abril corroboran que a la falta de pericia para ejecutar los fondos el año pasado, se suma ya la de 2022, provocando que el efecto “bola de nieve” sea cada vez mayor y se acumulen sin ejecutar los fondos que el plan de recuperación español preveía para el periodo 2021-2023.

El 28 de abril, el gobierno presentó el documento “2º Informe de situación del plan de recuperación”, donde se subrayaba sin sonrojo alguno: “En cuanto al ejercicio presupuestario correspondiente al año 2022, se está registrando una clara aceleración en la ejecución, demostrando que el despliegue del Plan de Recuperación está adquiriendo velocidad de crucero”.

Son innegables los esfuerzos semanales que este gobierno está realizando por desprestigiar su área económica y perjudicar nuestra credibilidad como país. La realidad vuelve a desmentir las frases rimbombantes y las palabras grandilocuentes insertadas en discursos vacíos.

A final de abril tan sólo se han realizado pagos por el 5,6% de los créditos definitivos asignados en el presupuesto al Mecanismo de Recuperación. Traducido en números, 1.587 millones de un total de 28.025 millones de euros que suponen los fondos del Next Generation para 2022.

La incapacidad para acelerar el proceso de ejecución de los fondos se comprueba también al revisar las obligaciones presupuestarias reconocidas hasta final de abril (que el gobierno identifica con porcentaje de ejecución), tan sólo del 8,8%, unos 2.468 millones de euros.

En un ejercicio de desconfianza al que nos obliga la falta de transparencia recurrente del gobierno, resulta obligatorio analizar dónde han ido esos 1.587 millones. El resultado no puede ser más desalentador. 500 millones se van a las CCAA para la construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes. ¡Su reparto se decidió en la conferencia sectorial del 21 de julio del año pasado!

Algo más de 378 millones para la rehabilitación sostenible y digital de los edificios públicos y 512 millones se han transferido a las CCAA para que destinen esos fondos a las entidades locales seleccionadas como beneficiarias en el marco de sus Planes de Sostenibilidad Turística Territoriales. Es decir, movimientos de fondos entre administraciones, pero al tejido empresarial nada, eso sí, lo queremos anestesiar con esa suerte de Plan E 2.0 que es lo que realmente parece el Kit Digital.

Ese patrón lo vemos en el resto de los ministerios, en Defensa se han pagado 5 millones al CNI, en Educación la mayoría de los pagos realizados hasta abril han sido en conceptos de sueldos y salarios y en los próximos meses veremos como se liberan pagos para ADIF por más de 534 millones de euros. En general, los fondos movilizados hasta la fecha este año tienen como destino inversiones públicas en la mayoría de los ministerios.

Los PERTES, que venían a ser la esperanza para el acceso del sector empresarial, singularmente el industrial, han tenido que esperar más de un año para que se empiecen a visualizar convocatorias (como ocurrió en el caso del coche eléctrico) que no se empezarán a resolver hasta después de verano y en 2023 será cuando se puedan vislumbrar los primeros efectos.

Una mala selección de los proyectos y escaso acierto con las reformas estructurales, pueden dilapidar el impulso potencial que sobre el crecimiento y la creación de empleo deben tener los fondos del Next Generation, tal como indicó esta semana el Banco de España.

Hasta ahora, por encima de la propaganda, tenemos la certeza de que la ejecución de 2022 va por el mismo camino que el año pasado, con transferencias de fondos entre administraciones que dilatan los procesos y donde las CCAA no pueden adaptar las inversiones a las realidades de sus territorios diluyendo su eficiencia e impidiendo el máximo aprovechamiento de su efecto tractor sobre la economía. No existen mecanismos de rendición de cuentas públicos y la opacidad se impone a la necesidad de transparencia que exige la responsabilidad de gestionar una cantidad ingente de fondos para transformar nuestra economía.

No eleven sus expectativas para 2022 y 2023. El balance global de la gestión económica del gobierno no será positivo y la alternativa cada vez más real que representa Feijoo gana terreno mes a mes a base de propuestas solventes, serias y goza de lo que carece el gobierno en este momento, credibilidad ante los ciudadanos. ¡Es la Economía, insensatos!