Opinión

Pedro Sánchez, el rey desnudo

Pedro Sánchez quiere extender su sombra gigante como presidente del Gobierno con la colaboración de todos los que aspiran a beneficiarse de los fondos europeos
Pedro Sánchez, el rey desnudo. 
EFE

La situación económica es muy preocupante, con una inflación absolutamente disparada, un gobierno que actúa tarde, se muestra incapaz y cuyo presidente sólo se preocupa por articular un relato que tape, bajo la propaganda gubernamental, las evidencias del deterioro económico que los ciudadanos sufren en su día a día.

En 1837 Hans Christian Andersen publicó “El nuevo traje del emperador”, popularmente conocido como “El rey desnudo”, un cuento para niños que muchos lectores conocerán. Relata como un rey obsesionado por la elegancia y vestir los mejores trajes, encontró a unos pícaros sastres que decían tejer la tela más maravillosa, con la cualidad de que no podía ser vista por los necios, solamente por las personas inteligentes. Así que el rey encargó a estos sastres un traje y cuando los cortesanos lo vieron no se atrevieron a revelarle la verdad por temor a parecer estúpidos, por lo que alababan lo maravilloso del traje, a pesar de no ver nada. Ciego en su vanidad, el rey decidió salir en procesión para que todos los súbditos pudieran admirar a su emperador y su traje. Cuando apareció desnudo por la calle todos lo aplaudían hasta que un niño gritó: ¡Pero si el rey va desnudo! Todo el pueblo, se atrevió entonces a reconocer que el rey iba desnudo.

Hemos sido muchos los economistas que, como ese niño, le hemos advertido a Pedro Sánchez y sus cortesanos lo que veíamos ante nuestros ojos, que la economía española no va bien: seremos el último país en recuperar los niveles prepandemia, duplicamos la tasa de paro europea y las vulnerabilidades de nuestra economía se están agravando mientras el gobierno se muestra incapaz para dar respuesta a los riesgos que amenazan el crecimiento y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

La inflación no sólo es más intensa y persistente de lo previsto por el gobierno, el dato del IPC adelantado de junio del 10,2% con una inflación subyacente del 5,5% son tasas dramáticas que confirman como el proceso inflacionario se ha extendido a la totalidad de bienes y servicios.

Su impacto sobre las cuentas públicas se está traduciendo en el corto plazo en un incremento de la recaudación, pero la prudencia y el realismo deberían primar en la acción política del gobierno y no dejarse deslumbrar por el incremento en la recaudación de 15.559 millones más que en los cinco primeros meses de 2021.

La inflación tendrá consecuencias negativas sobre el crecimiento por la retracción en la actividad a medio y largo plazo, y extenderá sus perniciosos efectos sobre las cuentas públicas en 2023. Cada punto que aumenta la inflación incrementa el gasto en pensiones en 1.500 millones y el pago de intereses de la deuda en 700 millones de euros.

La renta disponible de las familias ha disminuido en torno a un 15%, lo que lastra el consumo, como hemos comprobado en los datos del PIB del primer trimestre con una caída del 2% intertrimestral en el gasto en consumo final de los hogares. Además, la inflación daña la competitividad de nuestro tejido productivo y está incrementando exponencialmente los riesgos de tener efectos de segunda ronda.

Instituciones y analistas no son optimistas sobre este aspecto y veremos como en los próximos meses se ven revisadas a la baja las previsiones sobre crecimiento y empeoran las de inflación tanto para 2022 como 2023, reflejando el pesimismo de los consumidores que ya se manifiesta en la caída de su índice de confianza y en su menor capacidad para hacer compras.

Los más vulnerables son los que están sufriendo los efectos de la inflación con mayor intensidad, especialmente cuando sabemos que tres de cada cuatro solicitudes del IMV son denegadas y que son más de un millón los hogares que tienen que destinar más del 40% de sus ingresos a pagar la hipoteca.

Es precisamente, el endurecimiento de las condiciones financieras otro de los factores que están disminuyendo la renta disponible de las familias. Un préstamo hipotecario de 150.000 euros con un plazo de 20 años a tipo variable que se revise este mes, verá incrementada las cuotas en 600 euros al año. Para las empresas, el encarecimiento de la financiación supone una nueva pérdida de rentabilidad y un elemento más que desincentiva la inversión cuando las expectativas de subidas de tipos del Banco Central Europeo son del 0,25% en julio y de más de 25 puntos básicos en septiembre.

Este endurecimiento de la política monetaria también tendrá consecuencias sobre las cuentas públicas y en el coste de la refinanciación de la deuda. Cuando se presentaron los PGE 2022, en absoluto se contemplaba un encarecimiento de las emisiones tanto de corto, como de largo plazo.

La sostenibilidad de las cuentas públicas es el gran riesgo que preocupa tanto a los analistas como a la Comisión Europa. Nuestro volumen de deuda se encuentra en 1,445 billones de euros, un 117,7% del PIB, situándonos entre los países europeos más vulnerables, con riesgo de que el déficit estructural se sitúe en el 4% en 2025 por la voracidad insaciable del gobierno de consolidar más gasto.

La reducción del déficit público y de la deuda la fían totalmente al crecimiento, sin una sola medida de racionalización del gasto burocrático o medidas que permitan avanzar en una estrategia de consolidación fiscal que tantas veces ha sido reclamada por la AIReF o el Banco de España.

El BCE ya ha alertado que Europa puede entrar en recesión y la única palanca nacional para impulsar el crecimiento son los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El gobierno sustenta sus previsiones en la ejecución de los fondos, eso sí, es incapaz de cuantificar cuál será el impacto en el PIB en 2022 o en 2023. Por no saber, no sabemos lo más importante, cuánto ha llegado al tejido productivo y cuál es la cuantificación del impacto de las reformas sobre el crecimiento. La recurrente falta de transparencia del gobierno exaspera a instituciones independientes e impide el seguimiento de la ejecución del plan por los analistas.

Lo que sí sabemos es que la ejecución en 2021 fue mínima y su impacto en el PIB casi nulo y que en 2022 apenas se han liberado pagos hasta final de abril por 1.567 millones en su mayoría a organismos públicos, sin llegar al tejido productivo.

El sistema de ejecución diseñado por el gobierno está provocando que las CCAA no encuentren flexibilidad para adaptar las convocatorias a las necesidades de sus territorios, ralentizando la ejecución y que cerca de un 10% de las licitaciones estén quedando desiertas, especialmente en el ámbito de las CCAA.

El plan económico que presentó Feijóo cuenta con un rediseño de los fondos europeos para garantizar que impulsarán el crecimiento y llegarán con agilidad a empresas y autónomos. Ahora que el gobierno ha empezado a seguir sus medidas en otros ámbitos, también podría cundir el ejemplo con los fondos europeos aprovechando la obligación de enviar un nuevo plan a Bruselas para solicitar los 84.000 millones en préstamos que corresponden a España.

No albergo grandes esperanzas sobre un cambio de actitud del gobierno y mucho menos de su presidente Pedro Sánchez. La crisis institucional que acompaña a la económica con la dimisión del presidente del INE, el cese de consejeros independientes en Indra y la dimisión de otros dos, sólo profundiza en la actitud del rey del cuento de Andersen, que una vez hecha pública su desnudez, no le quedó más remedio que continuar el desfile desnudo por vergüenza torera. La diferencia es que España no es un cuento para niños, sino una cosa muy seria. 

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