Lunes, 12.11.2018 - 19:47 h
Miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Un acercamiento realista a la pobreza energética

El bono social es una medida de protección a los colectivos más vulnerables creada por el Gobierno en 2009. Su regulación se modificó en el Real Decreto 897/2017 y se desarrolla en la Orden ETU/943/2017. Lo cierto es que no parece que haya puesto remedio al problema de la pobreza energética en nuestro país.

La energía es un servicio esencial y por tanto su suministro debe ser garantía pública. Es un derecho ciudadano que nos proporciona una vida saludable y digna. Por tanto, se trata de una responsabilidad de nuestras autoridades, que deben garantizar que el sistema eléctrico nos ofrezca el servicio de suministro de electricidad en las mejores condiciones, utilizando para ello los organismos de vigilancia y control creados para que el sistema funcione de manera adecuada (también en relación a sus precios).

Ni el nuevo bono social, ni su última modificación legislativa han conseguido progresar en los siguientes aspectos que explico a continuación.

En primer lugar, solo cubre el 74% de la factura, es decir, los costes del término de potencia y del término de energía, pero no aplica a los impuestos, que suponen una cuarta parte de lo que pagamos en nuestros recibos; esto es el 5,11% del impuesto de electricidad y el 21% del IVA.

En segundo lugar, el descuento no cubrirá tampoco las necesidades energéticas de una vivienda media, puesto que como hemos visto, los límites de consumo de energía bonificable no coinciden con la media de consumo. Si la implementación de límites de consumo se lleva a cabo con el objetivo de incentivar el ahorro, faltaría lo esencial, que es facilitar la formación a estos colectivos sobre cómo optimizar su consumo de energía y más importante aún, subvencionar las medidas de eficiencia energética en esos hogares, de manera que dejen de ser un sumidero por donde permitimos que se escape nuestra energía y nuestro dinero.

Si sólo nos circunscribimos a limitar la demanda energética sin tomar medidas de eficiencia, estamos trasladando el problema a los más vulnerables; les pedimos que consuman menos pero no les facilitamos cómo hacerlo, y si difícilmente alcanzan a pagar los recibos de luz, no es factible que puedan acometer inversiones en sus hogares que les permitan adecuar las viviendas a un consumo eficiente.

Las exigencias de eficiencia energética de los edificios se deberían aplicar no solo a la nueva edificación, sino con carácter prioritario a todas aquellas viviendas susceptibles de sufrir vulnerabilidad energética y dificultades a la hora de pagar sus facturas, como medida estructural de solución del problema. Esta sí sería una fórmula coherente de aplicar una ayuda que deja de esta manera de ser caridad para convertirse en aplicación práctica de soluciones.

En tercer lugar, también sería de utilidad obligar a la comercializadora a hacer un estudio de la factura, comprobando si el beneficiario del bono social tiene la potencia correcta y si podría serle ventajosa la tarifa de discriminación horaria. En este sentido, se ha incorporado la obligación de incluir en las facturas con tarifa PVPC, a modo de ejemplo, el importe de haberse aplicado la discriminación horaria. Es una medida muy positiva, pero no suficiente.

La Fundación Renovables, por ejemplo, propone en su informe “Hacia una Transición Energética Sostenible” la implantación de una tarifa social que se adapte en función del nivel de renta y de las características específicas familiares y que debería incluir: la no existencia de tramo fijo; una potencia contratada básica suficiente en función del tamaño familiar; un consumo mínimo de energía a precio reducido y la exención de IVA o IVA reducido.

A pesar de todo lo expuesto, a día de hoy el bono social es la única medida de la que disponen las administraciones públicas para luchar contra la pobreza energética. Se trata simplemente de un descuento a aplicar sobre el precio de la tarifa regulada (PVPC) a consumidores considerados en situación de vulnerabilidad. Se cuantifica en relación a la renta junto a otras circunstancias de la unidad familiar. Según sean estos parámetros, el descuento podrá ser de un 25% o de un 40%.

Para poder ser beneficiario del bono social hay que pertenecer a alguna de las tres categorías de consumidores en las que se han clasificado las ayudas, según nivel de renta y condiciones de la unidad familiar: vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social. Además, el punto de suministro para el que se solicita ha de ser la vivienda habitual (estar empadronado en ella). Y, por último, hay que tener el suministro eléctrico contratado con tarifa PVPC en una de las comercializadoras de referencia.

En este cuadro resumen, editado por el propio Ministerio de Transición Ecológica se pueden ver las categorías de ayudas y sus condiciones:

Tabla uno opinión
   

Se bonifica exclusivamente sobre un límite de energía consumida, y a partir de ese límite, toda la energía que lo exceda será facturada al precio de la tarifa PVPC; la nueva normativa ha ampliado estos límites de consumo en un 15%, con la doble intención de compensar el incremento en los precios de la electricidad y acercarse un poco más al consumo real, con lo que reconocen que se habían quedado muy cortos.

El recién aprobado Real Decreto-ley 15/2018, establece una nueva prórroga del plazo de renovación para todos aquellos consumidores que estuvieran ya acogidos al antiguo bono social (el plazo de renovación acababa el 8 de octubre). El nuevo plazo se fija a 31 de diciembre. Pero esto es importante: si se cumplen los requisitos, se puede solicitar en cualquier momento. Una vez concedido, se aplica por un plazo de dos años, tras los cuales deberá procederse a su renovación.

Estos son los nuevos límites bonificados según la categoría de consumidor a la que se pertenezca:

Tabla dos opinión
    

Sin embargo, según los datos del INE, los consumos medios por hogar son 2.858 kW/año. Es cierto que el nuevo Gobierno se ha comprometido en el plazo de 6 meses a presentar una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética a medio y largo plazo, lo que permite tener una cierta esperanza, o al menos mantenerse a la expectativa, y eso haremos.

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