Abolir los espectáculos cómicos taurinos representados por personas con discapacidad, concretamente personas con displasias óseas (enanismo). Es el objetivo de la Vicepresidencia segunda del Gobierno, que ha iniciado los trámites con el Ministerio de la Cultura para intentar cambiar la ley y prohibir la celebración de estos 'shows' que hasta 2019, el último verano antes de la pandemia, seguían celebrándose en España. Una de las polémicas más recientes se organizó en Jaén y provocó la protesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
La propuesta de la Dirección General de Derechos de los Animales, capitaneada por Sergio García Torres, pasa por modificar el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, y dejar de considerar como espectáculo taurino el "toreo cómico, en el que se lidian reses de modo bufo". Así está todavía reconocido en la legislación. También plantea cambiar el Convenio colectivo nacional taurino vigente y la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, para prohibir estas actividades.
La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya ha enviado a Cultura una petición por escrito acompañada de un informe elaborado por CERMI. En él se especifica que los espectáculos con enanos "vulneran los principios fundamentales de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". En efecto, el propio Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en la segunda revisión al Estado Español, manifiesta su preocupación sobre este tipo de espectáculos en los siguientes términos: "Los continuos estereotipos negativos y la imagen degradante de las personas con discapacidad, por ejemplo la forma en que se representa a las personas con enanismo en las corridas de toros y en los programas de humor en los principales canales de los medios de comunicación":
Desde el punto de vista internacional, según el informe que ya tiene Cultura, es el Estado español "el sujeto obligado al cumplimiento de la Convención, con independencia de las formas de poder territoriales que se puedan desarrollar". Es decir, la responsabilidad es de la Administración central.
En la carta de García Torres y el director general de políticas de discapacidad, Jesús Celada, se pide al ministro de Cultura que esta medida es necesaria "para evitar que se continúe atentando contra los derechos de las personas con displasias óseas y acondroplasia". Los responsables de la Vicepresidencia segunda añaden que "máxime cuando a estos espectáculos teóricamente cómicos asisten menores como espectadores, fomentando en los mismos la falta de respeto hacia personas con discapacidad".
La pelota se encuentra ahora en manos del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.
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