La Audiencia Nacional ha impuesto penas de dos años de cárcel a los exdirectivos de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Oscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y al abogado Ricardo Pradas por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias.
Se les condena, en concreto, por un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal, han informado fuentes jurídicas. Al no llegar a los cinco años de cárcel, y de recurrirse la condena, los exdirectivos podrían solicitar una suspensión de la pena que les evitaría, por el momento, el ingreso en prisión.
En su sentencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal condena además a estas cinco personas a una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y a una inhabilitación especial para el empleo durante el tiempo de la condena que desempeñaban cuando realizaron los hechos enjuiciados.
La sentencia destaca que la entidad "valía 181 millones de euros y tuvo que provisionar 29,9 millones de euros y abonar más de 24 millones de euros como consecuencia de los nuevos contratos de alta dirección, una cantidad que en el fondo la abonó íntegramente el FROB, organismo público que posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público inyectado".Tendrán que devolver hasta 14 millones de euros
En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha condenado al que fuera director general de la entidad, Pego, a devolver más de 8,5 millones de euros, a Gorriarán, exresponsable del grupo inmobiliario, a reintegrar más de cinco millones de euros, y a otro alto cargo, Rodríguez Estrada, una cantidad superior a los 200.000 euros, como autores de un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal.
Por su parte, se considera al excopresidente Fernández Gayoso y el letrado Pradas cooperadores necesarios, ya que "aportaron su colaboración con hechos relevantes sin los cuales el delito no se hubiera cometido".
La pena de prisión impuesta no alcanza los cinco años de cárcel, por lo que, de recurrirse la condena, los exdirectivos podrían solicitar una suspensión de la pena que les evitaría, por el momento, el ingreso en prisión.
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