Miércoles, 20.06.2018 - 00:23 h

El Gobierno ha suprimido cerca de 1.400 funcionarios de prisiones esta legislatura

  • En la presente legislatura se han perdido más de 1.800 efectivos, cuando en dicho período no se han creado más que 405 nuevas plazas.
  • La falta de personalestaría detrás de los retrasos en las aperturas de nuevos centros penitenciarios como los de Archidona (Málaga), Ceuta y Soria.
Los funcionarios de prisiones denuncian un proceso de privatización encubierto (Foto: AFP)

El envejecimiento de la plantilla de funcionarios de prisiones se hará patente de aquí a una década cuando, al menos6.000 trabajadoresabandonen sus responsabilidades por necesaria jubilación.

Este hecho, unido a la falta de convocatoria de nuevas plazas por parte de laSecretaría General de Instituciones Penitenciarias(SGIP), ha llevado a alzar la voz desde el propio cuerpo de funcionarios, que denuncian laprogresiva pérdida de efectivosen todo el territorio nacional.

Según los datos de laAsociación Profesional de Funcionarios de Prisiones(APFP), en la presente legislatura se han perdido más de 1.800 efectivos, cuando en dicho período no se han creado más que 405 nuevas plazas. A requerimiento de este medio de comunicación, desde laSGIP no han confirmado ni desmentido las cifras aportadas por la citada asociación.

Estas carencias en las plantillas estaría detrás de los retrasos en las aperturas de nuevos centros penitenciarios como los deArchidona(Málaga), Ceuta y Soria. Además, según fuentes de laAPFP, es la falta de personal la que impide el normal funcionamiento en todos los módulos, como ocurre en establecimientos como Murcia 2, Las Palmas 2 y Pamplona.Un funcionario para 130 internos

Cifrando en 2.000 las personas que serían necesarias para atender el normal funcionamiento del sistema penitenciario, los funcionarios también señalan laincoherencia del discursoadoptado desde la SSGIP.

A juicio de los funcionarios no tiene razón de ser que se permita aun solo funcionario controlar patioscon entre 120 y 130 internos, alegando razones presupuestarias, mientras se acometen onerosos desembolsos en programas de menor importancia.

Como ejemplo citan losplanes de privatizaciónemprendidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha supuesto el gasto de unos 33 millones de euros para la contratación de vigilancia privada. Otro ejemplo que destacan es el del programa depulseras de vigilanciade control telemático,destinado a internos en Tercer Grado, y que ha conllevado una inversión de 34 millones de euros.

Desde el seno de los funcionarios destacan cómo mientras se aprueban estos planes de inversión,se obliga a 'apretarse el cinturón' a los trabajadores de prisiones, con la supresión de rutas de transporte a los centros, o la falta de renovación de material y mobiliario.

La citada asociación profesional ya ha anunciado para esteviernes 13 de noviembreuna concentración ante la sede de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias en Madrid, para reclamar cambios en la política del organismo.

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