Caracas, 24 mar (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha decidido que el juicio contra el dirigente opositor Manuel Rosales por presunto enriquecimiento ilícito se celebre en Caracas y no en Maracaibo, ciudad de la que es alcalde.
La medida, tomada a instancias de la Fiscalía, se basa en que un caso que provoque "escándalo público" en su jurisdicción ordinaria podrá ser derivado a otra por el Supremo con el fin de evitar situaciones conflictivas.
El Supremo consideró que el caso de Rosales es por una parte "relevante" y por otra ya ha provocado movilizaciones públicas de sus partidarios en Maracaibo, por lo que se pronunció por el cambio de sede del juicio.
El cambio de sede tuvo "el propósito de resguardar la seguridad de todas las partes involucradas en el presente proceso, así como garantizar el derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales, de forma expedita, equitativa y con respeto a las garantías constitucionales y legales inherentes al proceso penal", explicó el Supremo.
Simultáneamente, fuentes judiciales del Estado de Zulia, cuya capital es Maracaibo, señalaron que cuatro juezas superiores del mismo fueron "suspendidas" de empleo y sueldo sin que en la notificación se explicase la causa.
Sin embargo, el diputado zuliano Calixto Ortega dijo hoy que, según versiones recogidas en aquella ciudad, la medida se relaciona con la presunta reunión que las cuatro juezas tuvieron el pasado domingo con Rosales.
Se da la circunstancia, según Ortega, de que cualquiera de ellas podría haber sido encargada de juicio contra Rosales si el Supremo no hubiera ordenado su traslado a Caracas.
Las juezas sancionadas fueron Irasema Vílchez, Guadalupe Sánchez, Doris Cruz y Luisa Rojas.
El proceso contra Rosales comenzó el 13 de septiembre de 2004 luego de que el secretario regional del partido pro gubernamental Patria Para Todos (PPT), José Pirela, denunció a Rosales por adquirir numerosos bienes inmuebles directamente o a través de testaferros.
La investigación abierta a raíz de la denuncia determinó, según la Fiscalía, que Rosales "no logró justificar" recursos que aumentaron su patrimonio en 147.390 bolívares (68.553 dólares).
Por ello, el 11 de diciembre de 2008, la Fiscalía imputó a Rosales.
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