México, 10 ene.- La Ley General de Víctimas recién aprobada en México "es una burla", dado que no podrá aplicarse por ser inconstitucional, dijo hoy Miguel Alessio Robles, que fue consejero jurídico de la Presidencia durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
El abogado declaró a la emisora MVS que la nueva ley, que había sido frenada por la anterior Administración a través de una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte, "tiene muchas deficiencias".
Para Alessio, es inconstitucional porque el Congreso carece de facultades para emitir una ley general, es decir, que obliga a los estados y a los municipios.
La ley desaparecerá del orden jurídico nacional una vez que delincuentes o autoridades supuestamente responsables presenten cinco amparos o "ante cualquier controversia constitucional" de parte de algún municipio o estado, pronosticó.
"Es una burla a las víctimas" porque no podrá ser aplicada, apuntó Alessio Robles, quien entre las deficiencias mencionó que "no atiende a las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos que lo hayan sido antes de la entrada en vigor de la ley".
Además, "no se distingue entre delitos y violaciones a los derechos humanos", carece de presupuesto para operar y de reglas de subsidiariedad, es decir, cuándo el Estado va a atender a las víctimas.
Tampoco establece las reglas de subrogación. Si el Estado indemniza a la víctima de un delito o violación de derechos humanos y después encuentra al delincuente o autoridad responsable, "no se establecen las reglas para que el Estado pueda cobrar lo que ya le pagó a la víctima", precisó.
El abogado destacó que tampoco "se armonizan las leyes estatales ni leyes federales para atender a las víctimas", por lo que "los jueces no van a saber a qué ley atender para resarcir los daños".
Por todos esos vacíos jurídicos, entre otros, el Gobierno de Calderón presentó un recurso contra la iniciativa ante la Suprema Corte, del cual desistió el presidente Enrique Peña Nieto para permitir la promulgación de la ley, como lo prometió durante su campaña electoral.
Al firmar la iniciativa, que entrará en vigor en un mes, Peña Nieto admitió el miércoles que "la ley es perfectible" y aseguró que el Gobierno trabajará para perfeccionarla y darle "plena viabilidad" a partir de un diálogo cercano con las víctimas y los legisladores.
A través de la misma emisora, el poeta Javier Sicilia, quien ayer dijo que la ley es un primer paso que abre una esperanza de justicia y paz para México, invitó hoy al ex asesor jurídico de la Presidencia a un debate público sobre la norma, que fue aceptado por Alessio Robles y se celebrará en una fecha aún por definir.
El líder del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) criticó duramente a Calderón por haber "vetado" la iniciativa y "faltado a su palabra", lo que en su opinión fue una demostración de su "desprecio por las víctimas".
Esta ley, elaborada con la participación de grupos de víctimas de la violencia, obliga al Estado a garantizar la asistencia jurídica, médica y económica a quienes sufran ataques de la delincuencia o abusos por parte de las autoridades, y a reconocer su derecho a la verdad, la justicia y a un reparación integral del daño.
Sicilia, cuyo hijo Juan Francisco murió en 2011 a manos del crimen organizado, reconoce que la norma no basta, por lo que llamó a trabajar ya en la creación de un Sistema de Atención a Víctimas "honesto y dotado de suficientes recursos y personal para atender la enorme dimensión de la crisis humanitaria que enfrenta la nación".
La ola de violencia vinculada al crimen organizado causó unas 70.000 muertes durante la Administración de Calderón, que lanzó un combate frontal contra los carteles de las drogas en el que los militares jugaron un papel fundamental.
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