Un militar uruguayo retirado declara en el caso de los legisladores asesinados en 1976 en Argentina

Montevideo, 23 mar (EFE).- El teniente coronel retirado Pedro Mato se presentó hoy frente a la justicia uruguaya que investiga el asesinato en 1976 en Buenos Aires de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los ex militantes de izquierda Rosario Barredo y William Whitelaw.

Mato, que según algunos organismos defensores de los derechos humanos tuvo participación directa en los asesinatos, comparece frente al juez penal Roberto Timbal en calidad de "testigo".

La convocatoria del militar fue solicitada por la defensa del ex presidente democrático devenido en dictador, Juan María Bordaberry, procesado y con arresto domiciliario por el caso.

Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco, fueron procesados y encarcelados acusados de "coautores de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravado" en noviembre de 2006 y posteriormente un Tribunal de Apelaciones ratificó los procesamientos.

La defensa de Bordaberry pretende demostrar que el ex dictador no tenía conocimiento del operativo de represión que derivó en los cuatro asesinatos, sino que fue parte de las acciones coordinadas por las fuerzas militares de la época en la región.

El nombre de Matto fue vinculado a este caso a mediados de la década de los años ochenta, en la Comisión Investigadora Parlamentaria que investigó los asesinatos, según el relato de la enfermera Haydée Trías, a quien el militar le habría confesado el crimen en medio de una crisis nerviosa.

El caso Michelini-Gutierrez Ruiz está comprendido en la Ley de caducidad, por lo que hasta el momento fueron condenados solamente Bordaberry y Blanco.

La fiscal Mirtha Guianze pidió al Gobierno la exclusión de este caso de la citada ley, para poder investigar a los "ejecutores materiales" de los asesinatos.

La Ley de Caducidad, aprobada en 1986 por el Parlamento y ratificada en 1989 por la ciudadanía en un referendo, puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías vinculados a violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).