Gobierno de Chile estima que bomba en un banco de Santiago fue un atentado

  • El Gobierno de Chile cree que la explosión registrada esta madrugada en una sucursal bancaria de Santiago de Chile es producto de un atentado "con el único objetivo de producir daño", informó hoy el Subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy.

Santiago de Chile, 23 ene.- El Gobierno de Chile cree que la explosión registrada esta madrugada en una sucursal bancaria de Santiago de Chile es producto de un atentado "con el único objetivo de producir daño", informó hoy el Subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy.

Según la policía, en el lugar de los hechos se habrían encontrado los restos de panfletos que tendrían mensajes vinculados a demandas sociales para Javier Solar y Mónica Caballero, los dos chilenos detenidos en España vinculados con atentados explosivos.

Es por este motivo que Aleuy, en declaraciones a radio Bío Bío, descartó la hipótesis de que la explosión fuera producto de un intento de robo y se decantó por la tesis del atentado.

"Fue un bombazo puesto para manifestar lo que los panfletos indican, así que está hecho con el único fin de producir daño", apuntó Aleuy.

La afirmación de Aleuy fue ratificada por el Fiscal exclusivo por el Caso Bombas, Claudio Orellana, quien confirmó que la explosión registrada en la madrugada de este viernes en el Banco Internacional ubicado en la comuna santiaguina de Cerrillos tuvo relación con un atentado explosivo y no con un robo frustrado.

Según fuentes policiales, fueron al menos tres desconocidos los que llegaron en un automóvil hasta la entidad ubicada en Pedro Aguirre Cerda con Piloto Acevedo, abandonando un bolso a un costado de este inmueble.

Solar y Caballero fueron procesados el pasado 4 de julio por un juez español por la colocación de una bomba en la basílica del Pilar de Zaragoza el 2 de octubre de 2013.

Ambos, que actualmente se encuentran en prisión preventiva, también están imputados por tratar de colocar otra bomba en el Monasterio de Montserrat, a 30 kilómetros de Barcelona, y se enfrentan a posibles penas de entre 15 y 20 años de cárcel.

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