Lima, 31 mar (EFE).- La Defensoría del Pueblo exigió investigar las torturas propinadas a un niño de 11 años en la región peruana de Junín por parte de dos policías por el robo de un teléfono móvil, informó hoy la prensa en Lima.
El pequeño fue detenido el pasado 24 de marzo por la policía en la localidad de Sicaya, acusado por robar el celular de una mujer, y permaneció en la comisaría ocho horas, durante las cuales su madre, una campesina analfabeta, esperaba angustiada en la puerta a que lo liberaran.
El niño, huérfano de padre, contó al diario El Comercio que los policías Amilcar Orihuela y Elvis Reyes le metieron la cabeza en un cubo con agua fría y contaban hasta cinco mientras él intentaba no ahogarse, además le golpearon las nalgas y las manos con objetos contundentes que le dejaron grandes moretones.
"Me dolía la cabeza, los brazos, los dedos y yo les dije que el celular estaba en mi casa, con tal que dejen de pegarme", relató el menor, quien admitió el hurto.
El pequeño gritaba en quechua para que lo liberaran ante la impotencia de su madre, que sólo pudo ser ayudada por sus vecinos cuando soltaron a su hijo y observaron las torturas infligidas en el niño.
Precisamente, los vecinos denunciaron los abusos ante la Defensoría del Pueblo de Junín, que a su vez llevó el caso ante la fiscalía de la ciudad de Huancayo, capital regional, para que se sancione a los agresores del menor de edad.
Según el Código Penal peruano, quien cause lesiones a un menor de edad se expone a una pena de entre cinco y diez años de prisión.
El jefe policial de la zona, Alfredo Miranda, declaró al matutino que los dos policías implicados en la denuncia además del comisario de Sicaya han sido separados temporalmente de sus cargos para facilitar las investigaciones de la fiscalía.
La Defensoría del Pueblo gestionó además la atención del menor en un hospital de Junín para brindarle seguridad y tratamiento psicológico por las secuelas de la tortura.
En un informe difundido en diciembre pasado, la Defensoría precisó que las quejas por maltratos atribuidos a agentes del orden ascendieron a 530 casos en 2008.
El abogado Wilfredo Ardito declaró a El Comercio que "en el caso de la tortura contra el niño de 11 años" se está "ante una acción premeditada, cuyos responsables deben ser sancionados y denunciados, según el Código Penal".
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