San Salvador, 24 ene.- El ombudsman y diputados de El Salvador pidieron hoy a su Gobierno tomar con seriedad la alerta de viaje a este país que Estados Unidos emitió para sus ciudadanos por considerar que la tregua entre pandillas salvadoreñas ha tenido "poco impacto" en robos, asaltos y otros delitos violentos.
La tregua entre las principales pandillas salvadoreñas, la Mara Salvatrucha y la M-18, consiste en que sus miembros no se maten entre sí y ha disminuido los homicidios en más del 50 % desde marzo de 2012, según las autoridades.
El señalamiento que el Departamento de Estado de EE.UU. hizo ayer en un comunicado en Washington "no hay que desestimarlo de una sola vez, sino que hay que analizarlo", porque "el mensaje es claro", aseveró en rueda de prensa el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna.
Reconoció que "los homicidios han disminuido", pero enfatizó que si Estados Unidos "de alguna manera no le da ese grado de confiabilidad a este proceso de la tregua, habría que ver por qué razón", y revisar "qué hay que corregir en materia de seguridad".
La advertencia de Estados Unidos "me tomó por sorpresa", reconoció por su parte el ministro salvadoreño de Seguridad, David Munguía Payés, y admitió que ese país no está involucrado en la tregua, que es respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Lo que pasa es que los Estados Unidos no está participando con nosotros en el proceso de tregua; este es un proceso inédito que lo estamos trabajando los salvadoreños y nos está dando a nosotros resultados", argumentó Munguía Payés a los periodistas.
El Departamento de Estado señaló que, además del "poco impacto" de la tregua, la mayoría de los crímenes quedan "sin resolver" en El Salvador.
Precisó que desde enero de 2010 un total de 22 ciudadanos estadounidenses han sido asesinados en El Salvador y sólo en cinco de esos casos ha habido condenas.
Munguía Payés arguyó que "algunos de estos ciudadanos que han resultado muertos son salvadoreños que se han nacionalizado en los Estados Unidos y algunos de ellos han estado involucrados en el tema de las pandillas".
Con su alerta, los Estados Unidos envían el "mensaje de que no están dentro del plan de tregua", lo cual "hay que saber leer entre líneas", dijo a periodistas el diputado y exmilitar Sigifredo Ochoa, expulsado junto a otros tres legisladores de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) por apoyar al oficialismo.
Otro diputado, Mario Tenorio, de la minoritaria Gran Alianza por la Unidad Nacional, manifestó que, "aunque duela reconocerlo (...), la delincuencia en el país es una de las materias pendientes de este Gobierno", presidido por Mauricio Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
"Se están haciendo esfuerzos para superar la situación", pero "todavía falta trabajar y el Gobierno de los Estados Unidos lo que está haciendo nada más es poner en autos a sus conciudadanos" sobre la violencia en El Salvador, comentó Tenorio.
La segunda parte de la tregua empezó el pasado fin de semana con el compromiso de los pandilleros de no delinquir en los municipios de Sonsonate (occidente), Quezaltepeque (centro), Ilopango y Santa Tecla, estos últimos cercanos a San Salvador.
El pacto entre pandillas es producto de la mediación del obispo castrense, Fabio Colindres, y el exdiputado del FMLN Raúl Mijango, según el Gobierno, que rechaza señalamientos de que negoció con esos grupos delictivos y sostiene que sólo es "facilitador".
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