Hasta 14 de los implicados en el caso 'Lezo' fueron investigados antes por corrupción

Juan Miguel Villar Mir fue investigado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, aunque finalmente el juez levantó su imputación.

Alberto López Viejo está imputado en el caso Gürtel por ordenar el fraccionamiento de contratos para otorgarlos a dedo a las empresas de Francisco Correa.

Hasta 14 de los 57 implicados en el caso 'Lezo' fueron investigados por corrupción

Cuando el pasado miércoles la UCO lanzó la denominada Operación Lezo, muchos de los ahora imputados se echaron a temblar: sería la primera vez que tendrían que enfrentarse a un proceso judicial. Sin embargo, hasta 14 de los 57 investigados ya habían pasado por ese trance y han tenido que hacer el paseillo hasta el juzgado en el que habrían de declarar por casos de corrupción. Púnica, Gürtel, Bankia, amnistías fiscales dudosas...

Así, Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González, se habría acogido a la polémica amnistía fiscal de Montoro, que recaudó sólo 1.200 millones, menos de la mitad del objetivo inicial de 2.500 millones, y que acabó con 705 altos cargos investigados por presunto blanqueo de capitales.

Según el juez Velasco, ocultó en el banco Crédit Agricole una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal, a pesar de que el dinero es "de origen desconocido". También hay indicios, prosigue el auto, de que una hija de Rodríguez, imputada en el caso, controlara el patrimonio oculto de su padre y que pudiera ser titular de bienes muebles e inmuebles, algunos en el extranjero, que en realidad serían de Edmundo.

Así, se destaca que la hija planeaba un viaje a Inglaterra en el que iba a realizar "algún tipo de ingreso con libras que preocuparían a Edmundo Rodríguez y posteriormente verían la forma de hacer cuentas". El juez basa esta afirmación en que, en una conversación pinchada, ella le dijo a su padre: "¡No te preocupes porque no es un problema! Es un tema de hacerlo con discreción...". Al magistrado le llama la atención que Rodríguez se interese por una operativa en Inglaterra cuando no tiene productos financieros en ese país. "Estas circunstancias resultan indiciarias de la posible existencia de un patrimonio en Inglaterra de Edmundo Rodríguez que no está declarado", afirma Velasco.

Por otro lado, Alberto López Viejo, exviceconsejero de Presidencia y exconsejero de Deportes de Esperanza Aguirre, también tenía cuentas opacas en Suiza. López Viejo, según desveló 'El País' en enero de 2013, abrió las cuentas en Ginebra con su esposa el 31 de mayo de 2002, en el banco Mirabaud, y llegó a mover 1,6 millones de euros hasta 2009 y se habría beneficiado de la amnistía fiscal para regularizar el dinero en 2012. Además, está imputado en el caso Gürtel por ordenar el fraccionamiento de contratos para otorgarlos a dedo a las empresas de Francisco Correa.

Además, Juan Miguel Villar Mir ya había tenido su encontronazo con la Justicia. El empresario y dueño de la constructora OHL, fue imputado en la pieza separada de los papeles de Bárcenas, aunque finalmente el juez levantó su imputación, como hizo con el resto de empresarios. Según Velasco, su constructora pagó una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para hacerse con el contrato del tren de Navalcarnero.

Es mismo caso que su yerno, Francisco Javier López Madrid, involucrado en varios casos de corrupción. Está condenado por las tarjetas Black e imputado en la Púnica. Esa investigación le señala por haber financiado al PP de Madrid con 1,8 millones de euros en dinero negro. La Operación Lezo le culpa de pagar 1,4 millones en Suiza a Ignacio González por una adjudicación a OHL.

María Fernanda Richmond, la exdirectora financiera del Canal de Isabel II, está vinculada con la compra de la sociedad brasileña Emissao, que provocó una pérdida para el Canal de Isabel II de 25 millones de dólares. Lo más curioso es que está casada con el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, cuyo nombre también está salpicado por las irregularidades por haber simulado pagos a los empresarios de la trama corrupta Púnica.

También ha sido investigado Ignasi Maestre Cánovas. El abogado relacionado con la evasión fiscal de futbolistas como Xabi Alonso. En este caso, aparece como socio de Edmundo Rodríguez Sobrino en una de las sociedades que tenía en Honk Kong, según revelaron los Papeles de Panamá.

José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), ya sabe lo que es la prisión. No en vano, ya había sido detenido en el marco de la Púnica por estar salpicado por el pago al conseguidor, Alejandro de Pedro, bajo las órdenes de Salvador Victoria. Ahora, presuntamente sobrevaloró los contratos de ICM para desviarlos al PP.Púnica y Gürtel, a la palestra

José Manuel Serra Peris fue presidente del Comité de Auditoría del Canal Isabel II en 2014 cuando ya estaba imputado por la salida a bolsa de Bankia, caso por el que continúa investigado.

Por su parte, el empresario Carlos Turró fue detenido en enero de 2016 durante la Operación Taula y está imputado en esa causa por presunta financiación ilegal del PP de Valencia. Concretamente, se investiga si Cleop pagó mordidas a cambio de la adjudicación de obras por parte del Ayuntamiento de Valencia.

Óscar Sánchez Moyano es el administrador único de cuatro empresas investigadas en la Púnica: Formaselect Consulting, Escuela Europea de Dirección de Empresas SL, Sintra Gestión Patrimonial SL y Sintra Consultores SL, especializadas en consultoría y formación.

Adrián de la Joya está considerado como el empresario de la jet-set y nexo de unión del comisario Villarejo con el 'pequeño Nicolás'. Es socio de la finca con la que el veinteañero y un exdirectivo del Banco Santander intentaban presuntamente blanquear 10 millones con un banco de Guinea.

Si hay alguien que está en entredicho es Joaquín Molpeceres Sánchez. La UDEF investigó en el marco de la trama Gürtel los pagos que dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían efectuado a las compañías controladas por Francisco Correa entre 2002 y 2005. También la Guardia Civil ha investigado al empresario en el marco de la trama Púnica después de que David Marjaliza mencionase la empresa Licuas.

La esposa de Ignacio González, María Lourdes Cavero, está imputada en el caso del ático de Marbella por el que también se investiga a su marido. Fue presidenta de la CEIM, la patronal de empresarios madrileños, y actualmente está a cargo de Subastas Segre.

Alberto Pérez de la Sal, vinculado a la inmobiliaria Seinsa, la empresa que vendió a la mujer de González su domicilio de Aravaca, fue consejero de Cofely, una de las empresas centrales de la trama Púnica.

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