Anticorrupción pide prisión incondicional para Ignacio González por presuntas irregularidades en la gestión del Canal

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este viernes prisión incondicional sin fianza para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su implicación en la Operación Lezo en la que se investigan presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, organismo que presidió entre 2003 y 2012.

Según fuentes jurídicas, González ha prestado declaración ante el magistrado instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco durante dos horas y 45 minutos en el marco de este operativo que se empezó a investigar por la Audiencia Nacional en 2015.

La defensa de González ha sido ejercida hasta este viernes por el letrado Gonzalo Rodríguez Morurullo, que acompañó a su cliente durante los registros en su despacho y su domicilio. No obstante, en las últimas horas el exmandatario ha cambiado de abogado y durante la declaración ha sido asistido por Esteban Mestre.

Velasco investiga, entre otras operaciones presuntamente fraudulentas, el desvío de fondos del Canal de Isabel II por importe de 23 millones de euros a través de sociedades y filiales en Latinoamérica. Imputa a los detenidos presuntos delitos de pertenencia en organización criminal --un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción--, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

Según fuentes jurídicas, González ha prestado declaración ante el magistrado instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco durante dos horas y 45 minutos en el marco de este operativo que se empezó a investigar por la Audiencia Nacional en 2015.

La defensa de González ha sido ejercida hasta este viernes por el letrado Gonzalo Rodríguez Morurullo, que acompañó a su cliente durante los registros en su despacho y su domicilio. No obstante, en las últimas horas el exmandatario ha cambiado de abogado y durante la declaración ha sido asistido por Esteban Mestre.

Velasco investiga, entre otras operaciones presuntamente fraudulentas, el desvío de fondos del Canal de Isabel II por importe de 23 millones de euros a través de sociedades y filiales en Latinoamérica. Imputa a los detenidos presuntos delitos de pertenencia en organización criminal --un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción--, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

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