La filial latinoamericana del Canal malversó 25 millones de euros con la compra de Emissao

El juez apunta una decena de irregularidades en la operación, que se realizó "a través de cuentas no autorizadas y en paraísos fiscales".

La compra en 2013 por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75 por ciento de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes supuso una malversación de 25 millones de euros al patrimonio público madrileño y se realizó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales".

Así se señala en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, por el que el juez Velasco decretó anoche e el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín, detenidos en la 'Operación Lezo' por presuntas irregularidades en la empresa pública de gestión del agua.

Velasco les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal --un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción--, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

IRREGULARIDADES EN LA OPERACIÓN

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 detalla en su auto las principales irregularidades detectadas por los investigadores, como es la ausencia de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de "razones jurídicas económicas" que justificaran la adquisición, que se realizó además "a través de un entramado societario opaco".

Además, se modificó el porcentaje de adquisión -del 40 al 75 por ciento- sin la autorización correspondiente y "se renunció a un aval de 3 millones de euros para contigencias sin justificación alguna y sin autorización". Tampoco se contó para firmar estos contratos con valoración independiente ni con autorización de la Consejería de Hacienda, y además la compra no estaba incluida en el Plan Estratégico del Canal Extensia.

El informe de KPMG "debió llevar a la paralización inmediata de la adquisión", añade el juez Velasco, y además se pago "a través de cuentas corrientes bancarias no autorizadas y en paraísos fiscales".

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