La Cámara de Antejuicio del TPI acusa a Al Werfalli de estar implicado en la muerte de al menos 33 personas en siete incidentes distintos ocurridos entre el 3 de junio de 2016 y el 17 de julio de 2017 en Benghazi y sus alrededores que constituirían crímenes de guerra.
La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, ha reclamado a las autoridades libias que cooperen para detener y entregar a Al Werfalli, admitiendo que, dado que el país no es miembro del TPI, el verdadero "desafío" será ejecutar la orden de captura.
Bensouda ha recordado además que en su último informe al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya advirtió de que se dirigiría contra los comandantes y "otros superiores" que no cumplieran con su obligación de evitar que sus tropas cometan "atrocidades".
"Estos atroces crímenes, incluida la forma cruel e inhumana en que se cometieron contra víctimas indefensas, deben cesar", ha exigido Bensouda, que ha prometido seguir actuando "firmemente" para "acabar con la impunidad en Libia". "Es la única forma de avanzar hacia la paz y la estabilidad", ha esgrimido.
La Fiscalía del TPI investiga el caso libio desde 2011 por mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya que Libia no forma parte del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la corte de La Haya.
Libia está sumido en el caos desde la caída del régimen de Muamar Gadafi, en 2011. Un sinfín de grupos armados se disputan el control del territorio mientras el Gobierno de unidad nacional surgido en 2015 trata de imponer su autoridad.
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