México, 12 nov.- La Suprema Corte de México ordenó la inmediata liberación de tres de cinco personas condenadas a 36 años de prisión por la matanza de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997 en el sudoriental estado de Chiapas, informó hoy una fuente judicial.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad conceder un amparo liso y llano a los indígenas tzotziles Lorenzo Ruiz Vázquez, José Guzmán Ruiz y Alfredo Agustín Hernández Ruiz, quienes deberán abandonar el penal El Amate, en Chiapas, en el que han pasado 17 años.
La liberación de los tres indígenas fue a propuesta del juez del máximo tribunal que analizó el caso, Alfredo Gutiérrez Ortiz.
Durante la sesión, los jueces coincidieron en que las pruebas mediante las cuales se les condenó carecían de licitud, entre otras razones porque las declaraciones de testigos fueron inducidas y, por tanto, ilícitas.
Uno de los miembros de la Primera Sala, José Ramón Cossío, dejó en claro que no correspondía a la SCJN determinar si entre los amparados había inocentes o culpables, pero sí advertir que se violaron sus derechos para juzgarlos con pruebas falsas.
En 10 abril de 2013 la Suprema Corte ordenó la liberación de 15 personas acusadas por los mismos hechos.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos que siguen desde hace varios años el caso, sólo quedan dos indígenas sentenciados.
En la mayoría de los casos, la SCJN ordenó la libertad de los sentenciados no porque fueran inocentes o culpables, sino porque el proceso acusatorio y de sentencia estuvo plagado de irregularidades.
El 22 de diciembre de 1997, indígenas integrantes de la agrupación civil "Las Abejas" que oraban en la comunidad de Acteal fueron atacados por presuntos paramilitares, también indígenas, que mataron a 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 15 niños y nueve ancianos.
La tragedia forzó la renuncia del entonces secretario de Gobernación (Interior) y actual titular de Educación, Emilio Chuayffet, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los supuestos agresores arrestados días después eran simpatizantes del PRI y estaban enfrentados con sus víctimas, desplazados en un estado dividido entre simpatizantes y detractores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), alzado en armas desde 1994.
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