El presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha dimitido de su cargo después de que el juez lo citase ayer como investigado en el caso Lezo por su presunta participación en la compra fraudulenta de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. La adquisición, que se produjo en 2001, recibió el visto bueno del Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido entonces por Alberto Ruiz Gallardón que no ha sido llamado hasta la fecha por el juez.
Canalda ha presentado su renuncia en el Registro de la Asamblea de Madrid, según informan a Efe fuentes del Parlamento madrileño. La operación, investigada en el caso Lezo, ha provocado la imputación de dos de los dos máximos colaboradores del expresidente madrileño, exalcalde y exministro de Justicia, sus dos exconsejeros Pedro Calvo y Juan Bravo.
El auto por el que el juez Diego de Egea (en apoyo de Manuel García Castellón) acordó tomarles declaración como investigados a petición de Anticorrupción explica cómo Calvo, por entonces presidente del consejo de administración del Canal, negoció junto al exdirector gerente y posterior Defensor del Menor, Arturo Canalda, la compra de Inassa.
Canalda, previamente a esa autorización, ya estaba en tratos para adquirir el 75% de esa sociedad latinoamericana pese a no contar con el visto bueno del consejo. Entre las irregularidades que relata el juez y que Canalda habría aceptado, se encuentra la adquisición de Sociedad de Aguas de América, una sociedad radicada en un paraíso fiscal, Panamá, a través de la cuál se adquirió la participación en la colombiana, algo que no había permitido el órgano rector del Canal.
Al margen de su puesto como exgerente del Canal de Isabel II, Canalda fue Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y, antes, asesor de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre cuando ambos formaban parte del Gobierno de José María Aznar.
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