No ve límite legal al número de licencias

Gobierno gana, anunciantes pierden: el Supremo avala la adjudicación de la TDT

Los anunciantes reclamaban que la Sala anulara la concesión de sendas cadenas a Mediaset y Atresmedia por vulnerar la competencia y el pluralismo

Paolo Vasile, director ejecutivo de Mediaset España
Paolo Vasile, director ejecutivo de Mediaset España / EFE

El Gobierno no vulneró las reglas de competencia y de protección del pluralismo recogidas en la Ley General de Comunicación Audiovisual al conceder en diciembre de 2015 dos nuevos canales de TDT a Atresmedia y Mediaset.  Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha rechazado el recurso presentado por la Asociacion Española de Anunciantes. Los magistrados aseguran que no existe un límite legal al número de licencias. Los límites previstos por la ley, mantienen, solo están encaminados a evitar operaciones de concentración entre operadores que prestan el servicio.

La sentencia asegura que los límites de audiencia (27%) y de utilización del dominio radioeléctrico no se refieren a la adjudicación de canales a las empresas, sino a los supuestos de adquisición de participaciones o derechos de voto por otra empresa que ya es titular de esos mismos derechos en otra compañía audiovisual. Es decir, que esas limitaciones solo cuentan para los casos de fusión de operadores que originaran un oligopolio afectando a la concurrencia y al pluralismo.

La sentencia recuerda además que la propia convocatoria del concurso obligaba a los participantes a manifestar las medidas y compromisos que pensaran acometer para salvaguardar el pluralismo "dentro de la oferta televisiva", lo que se establece como un criterio de valoración. Es decir, que dicho requisito "se plasma únicamente en el necesario respeto de dicho valor dentro de la programación de cada operador". Ello no afecta al pluralismo político, reconocido como principio fundamental en el artículo 1 de la Constitución.

La resolución asegura que, si los anunciantes consideraban que el concurso tenía que haber estado sometido a mayores garantías del  pluralismo, tendrían que haber impugnado sus bases y no el acuerdo que lo resolvió. El recurso cuestionaba también el informe técnico de los candidatos en el que la mesa de contratación habría aceptado sin contrastar y acusa al Ejecutivo de "dejación de funciones" al no haber considerado las consecuencias de la concesión de ambas licencias a unos operaciones que "constituyen un duopolio". Esa "manifestación de disconformidad con la actuación de la mesa", sostiene la sentencia, "no es suficiente para acreditar infracciones de legalidad".

Los apartados 2 y 5 del artículo 36 de la Ley de Comunicación Audiovisual que los publicistas consideraban vulnerados prohiben a cualquier persona física o jurídica adquirir una participación en más de un operador de ámbito estatal cuando los canales afectados superen el 27% de la audiencia total durante los 12 meses consecutivos anteriores a la adquisición. También vetan la entrada en el capital de una de estas empresas competidoras cuando los derechos de uso del espacio radioeléctrico "superen la capacidad de un canal múltiplex".

Además de los dos canales a Atresmedia y Mediaset, el Gobierno otorgó también canales a 13TV, propiedad de la Conferencia Episcopal; Radio Blanca, que gestiona la emisora musical Kiss TV, y Central Broadcaster Media, de la productora Secuoya.

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