El inspector de la Policía Jesús Andrés de Dios ha peleado en los tribunales desde hace años por hacer que se cumpla la ley en su corporación. A sus 47 años, ya ha interpuesto numerosos recursos administrativos y judiciales contra la negativa del Ministerio del Interior a exigir la titulación a la hora de nombrar a determinados cargos. Licenciado en Derecho, aprovecha sus conocimientos para pensar en cuál es el mejor modo de abordar cada asunto jurídico que se le plantea y que lleva a cabo por iniciativa puramente personal.
No hay, por lo tanto, ningún grupo de presión interno que esté moviendo los hilos en torno a esta cuestión, sino un inspector que lleva 20 años en el cuerpo y que nunca ha ascendido por estar más preocupado por que se respete el derecho que por su promoción profesional.Su trabajo en relación con esta causa personal trajo sus primeros frutos el año pasado, cuando por primera vez sembró el nerviosismo en el Ministerio del Interior con el recurso que provocó el cese temporal del jefe superior de Policía del País Vasco, Fernando Amo García.
De Dios interpuso una demanda contra la designación del sustituto de Enrique Pamies –hoy condenado por el caso Faisán–, por no contar con la titulación requerida. Su iniciativa hizo que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de la Audiencia Nacional ordenara el cese provisional de Amo a la espera de que se determinara el alcance de la demanda.
Sin embargo, el recurso del inspector contra el nombramiento de Amo fue rechazado finalmente por el tribunal y el jefe superior volvió a su cargo. Entendió entonces el Juzgado número 9 que el demandante carecía de legitimación para protestar, ya que el catálogo de puestos de trabajo de la Policía establecía que esa plaza tan solo la pueden ocupar comisarios o comisarios principales.Primer aviso
No podía, por lo tanto, concurrir al puesto recurrido, condición necesaria para que prospere el recurso, según establece la doctrina del Tribunal Constitucional, que aclara que no basta el mero interés del recurrente por que se cumpla la legalidad para anular el nombramiento. Es decir, que el Juzgado número 9 no entró a valorar el fondo de la cuestión, sino que se limitó a señalar que De Dios no podía recurrir porque él no podía aspirar al puesto.
Dicho de otra forma, que si hubiera demandado un comisario o un comisario principal, la Audiencia Nacional habría admitido previsiblemente el recurso. Visto el argumento jurídico, De Dios continuó con su causa y observó perplejo cómo poco después de su 'fracaso' judicial el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, nombró a José María Rodríguez Calderón subdirector general de la Inspección de Personal.
Esta vez, el inspector sí estaba legitimado, pues el puesto de subdirector general en la Administración General del Estado puede ser ocupado por cualquier funcionario, sea o no comisario, pertenezca o no a la Policía. Y así lo ha puesto de manifiesto, de hecho, la Audiencia Nacional. El Juzgado de lo Contencioso número 1 ordenó el pasado 16 de julio el cese de Rodríguez Calderón.
El triunfo judicial de De Dios, si la sentencia se torna firme, creará un precedente en el Ministerio del Interior que podría provocar que el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz se replanteara otros nombramientos. No en vano, una parte importante de los mandos de la Policía, por ejemplo, carece de titulación universitaria.
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