Hace meses que la instrucción por la muerte de cinco chicas en la macrofiesta del Madrid Arena la noche del 1 de noviembre de 2012 podría haber finalizado. Sin embargo, el juez Eduardo López-Palop no acaba de dar por zanjado el asunto. Fuentes del caso sostienen que hace tiempo que la causa está para concluir, pero el magistrado sigue admitiendo la mayoría de las diligencias que solicitan las partes y por eso el proceso se prolonga.
Aun así, otras fuentes jurídicas señalan que, una vez que se cierren los flecos que quedan pendientes, parece que el instructor concluirá la primera fase del caso. Si no hay cambios a la vista, quedaría únicamente un tomo en la causa y en septiembre se podrían fijar los imputados que van a ir a juicio, con el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, como principal acusado.
La causa, que inicialmente parecía sencilla –la muerte de cinco chicas en una macrofiesta que se celebraba en un recinto con más gente de lo permitido–, ha ido levantando sospechas e incrementando el número de imputados a lo largo de los casi dos años que ha durado una investigación de la que se desprenden numerosas irregularidades cometidas aquella noche.
El organizador pudo vender más entradas de las permitidas, los permisos del Ayuntamiento están en tela de juicio, la calidad del servicio de seguridad también está en duda, hubo problemas con los médicos contratados, pudo haber menos policía de la que exigía aquel evento y una larga lista de despropósitos que siguen indagándose. En definitiva, un cúmulo de errores y mala praxis que acabó con la muerte de cinco chicas.
López-Palop ha realizado una ingente cantidad de diligencias, ha imputado a 26 personas, ha citado a cientos de testigos, pero el tiempo pasa y las familias de las víctimas no ven el momento de que acabe un calvario que por ahora solo sirve para que ellas rememoren los trágicos acontecimientos. El juez incluso tuvo que solicitar al Consejo General del Poder Judicial que le facilitara un magistrado de apoyo mientras durase la instrucción del 'caso Madrid Arena', como así se acordó, dada la enorme cantidad de información que tenía que manejar.Algunos imputados de más
Una vez que la instrucción finalice, previsiblemente en septiembre, se abrirá el plazo para presentar los escritos de acusación y se fijará fecha para el juicio. Fuentes jurídicas apuntan que la intención del juez es dejar fuera del proceso a algunos de los imputados, contra los que no habría suficientes indicios de criminalidad para sentarlos en el banquillo de los acusados.
Quienes sí serán enjuiciados se enfrentan a ser condenados por cinco delitos de homicidio por imprudencia. En el caso de Flores, para quien previsiblemente se pedirá la mayor pena de prisión, la petición podría rondar los 20 años de cárcel. De las pruebas realizadas se desprendería que el empresario vendió casi el doble de entradas de las que permitía el aforo para hacer caja, lo que provocó que se colapsara la pista y las cinco chicas murieran por asfixia y aplastamiento.
La Policía también ha determinado que, a cierta hora de la noche, los accesos a la fiesta se abrieron, lo que provocó que fuera imposible calcular el número de personas que había en total dentro del recinto y por lo que tendrán que responder las empresas de seguridad Seguriber y Kontrol 34.
Y no sólo eso. Durante la instrucción, ha tenido especial relevancia el papel del equipo sanitario contratado para atender a todo aquel que lo necesitara aquella noche en la puerta del recinto y que, sin embargo, parece que no atendió debidamente a las chicas aquella noche. Es más, un informe pericial de la Clínica Médico Forense concluye que no había en realidad más que una enfermería "supuesta"; no había un equipo médico capaz de hacer una reanimación cardiopulmonar sostenida en el tiempo; no se levantaron partes de las actuaciones sobre los cuerpos de las chicas heridas hasta que llegó el Samur ni hay indicios de que practicaran a las jóvenes las maniobras cardiopulmonares necesarias.Flecos pendientes
En estos momentos ya no queda, según fuentes del caso, más que algún fleco pendiente. El juez está esperando un informe del Grupo V de Homicidios de la Policía, solicitado por la Fiscalía de Madrid, sobre los controladores de acceso que contrató Diviertt –la empresa de Flores– a Kontrol 34, con el objeto de que aclare si éstos tenían encomendada la labor de seguridad interior del Madrid Arena durante la fiesta. La fiscal adscrita al caso quiere que los agentes tomen declaración de nuevo a los controladores para que expliquen en qué puesto se encontraban esa noche y dilucidar si efectivamente se dedicaban a prestar el servicio de seguridad dentro de la sala.
Por otro lado, el propio Flores ha pedido al magistrado declarar voluntariamente para aclarar su situación patrimonial, así como explicar el informe de la Policía que refleja que se vendieron más de 22.000 entradas. El juez ha abierto otra investigación para averiguar posibles movimientos de patrimonio fuera del país tras su imputación.
Esta petición de la defensa viene después de que el principal imputado haya recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid –ahora pendiente de resolver– un auto de López-Palop en el que le obliga, desde el pasado 14 de mayo, a comparecer todos los días en los juzgados. Esa decisión se produjo después de que el imputado fuese citado a declarar por segunda vez. Tras esa comparecencia, se le amplió la fianza a 300.000 euros y se le impusieron las citadas visitas diarias.
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