La decisión sobre qué juzgado instruye la denominada operación Edu –que investiga el presunto fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía– tendrá que esperar al menos hasta la próxima semana. Así lo han dicho a Seguridad y Tribunales fuentes del Ministerio Público después de que esta misma mañana se reunieran los fiscales provinciales que dirigen las pesquisas en Andalucía con el jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas.
Las fuentes consultadas han dejado claro que la investigación sigue en manos de las fiscalías provinciales de Málaga, Almería y Granada, las tres zonas en las que se están realizando diligencias por parte de la Unidad Central de Delitos Económicos y Fiscales (UCDEF) de la Policía, y que aún no está siendo dirigida por Anticorrupción.
El encuentro de esta mañana entre Salinas y el resto de fiscales ha sido valorado por las fuentes consultadas como una "primera toma de contacto" antes de decidir qué juzgado dirigirá las pesquisas, cosa que sucederá como pronto la próxima semana, cuando se pronuncie el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
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La magnitud de la operación es lo que está complicando más la decisión, ya que todos los actores implicados coinciden en señalar que un solo juzgado podría colapsarse si se encarga por sí solo de todo el proceso, ya que es tal la documentación que requiere ser analizada que hoy por hoy sobrepasa cualquier capacidad de trabajo. De ahí que en principio parezca poco probable que sea la juez Mercedes Alaya la que se encargue de la investigación.
La posibilidad de que la investigación sea llevada por distintos juzgados provinciales, uno en cada zona, no está descartada por el momento, aunque tendría la pega de que actualmente no hay un fiscal anticorrupción en cada provincia. Toma peso, por lógica, la opción de que sea la Audiencia Nacional la que se haga cargo, aunque tampoco parece ser la preferencia de la Fiscalía Anticorrupción, que –según las fuentes consultadas– también observa la posibilidad del colapso como inconveniente, a pesar de que el alto tribunal ha dirigido procesos de gran complejidad documental.
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Fuentes policiales también prefieren que sea la Audiencia Nacional la que asuma el proceso, dado que se trata de un caso que salpica a varias provincias y cuyo alcance se desconoce por el momento debido a que aún queda la inmensa mayoría de la documentación por analizar.
La decisión que finalmente tome Torres Dulce determinará qué juzgado estudia en primer término las diligencias realizadas hasta el momento por la Fiscalía, aunque será el propio tribunal el que resuelva si acepta la instrucción o la deriva a la corte que éste considere como competente.
Por el momento, al no estar judicializada, la operación Edu se ha limitado a elevar un informe ante la Fiscalía en el que da cuenta de los interrogatorios realizados a profesores, empresarios y supuestos alumnos que han tomado parte en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. Las ayudas, que tenían el objetivo de facilitar la inserción laboral, habrían venido en buena parte del Fondo Social Europeo.
La Policía cuenta ya con indicios –derivados de estos testimonios y de las adjudicaciones públicas– que indicarían que algunas empresas habrían recibido subvenciones sin cumplir con los requisitos establecidos, sin estar si quiera constituidas en ocasiones o sin contar con profesorado habilitado.
Los investigadores rastrean las ayudas concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo entre 2009 y 2012 en la práctica totalidad de las provincias de la región, aunque han comenzado a indagar a fondo una adjudicación otorgada en Málaga en 2010, que ha dado pie a analizar sus ramificaciones. El fraude total estimado por la Policía fase superaría al que está sacando a flote la juez Alaya en el caso de los ERE.
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