La operación Edu se adivina larga y compleja. La magnitud del fraude previsto ha hecho que los policías que dirigen las pesquisas se vean superados por una realidad difícilmente abarcable. De ahí que hace un año solicitaran un espacio más grande para trabajar y un refuerzo de personal. Ambas cosas fueron acogidas con buena disponibilidad tanto por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social –que proporciona todo el material a los agentes– como por el Ministerio del Interior, que decide en la asignación de recursos humanos. Pero las cosas iban lentas y durante meses han estado paralizadas.
Ahora, quizá influidos también por la repercusión pública que ha tenido el presunto escándalo de los cursos de formación (objeto de análisis de la operación Edu), tanto el Ministerio de Trabajo (del que depende la Tesorería) como el de Interior parecen estar decididos a saciar la demanda de los funcionarios.
Hace unos días, el Departamento de Patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad Social visitó las instalaciones que actualmente acogen a los agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social –dependiente desde el punto de vista orgánico de la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la Policía, pero funcionalmente vinculada al Ministerio de Trabajo–, que rastrean las subvenciones presuntamente fraudulentas concedidas por la Junta de Andalucía a cursos de formación.
Patrimonio analizó in situ las necesidades de los funcionarios en materia de informática, armas o riesgos laborales con el fin de que las nuevas instalaciones que acogerán a los miembros de la sección policial cumplan los requisitos legalmente establecidos y los funcionarios disfruten de mejores condiciones de trabajo. La Tesorería ya tiene un inmueble prácticamente preparado –situado en una céntrica calle de Madrid– para que los agentes se trasladen en las próximas semanas. Se trata de un espacio que ocupa el doble de metros cuadrados que el actual y donde hay zonas previstas para que se integren los refuerzos que se disponen a aterrizar.
En principio, la UCDEF solicitó al Ministerio del Interior duplicar la plantilla de la sección, que actualmente es de 16 funcionarios divididos en tres grupos operativos que llevan tareas distintas, con el fin de que los 32 se centrasen en la operación Edu. Sin embargo, en este punto hay pocas novedades, ya que el Ministerio del Interior no termina de ponerle patas a los traslados. En la actualidad, solo uno de los grupos de la sección se dedica a estas pesquisas, con el apoyo puntual de algunos funcionarios de la unidad y de la Comisaría Provincial de Málaga.
La operación investiga la concesión de ayudas por parte del Servicio Andaluz de Empleo a empresas que realizaban cursos de formación y que supuestamente no cumplían los requisitos legales. Por el momento, los agentes que dirigen las pesquisas –coordinados por la Fiscalía Anticorrupción de Málaga– se han centrado en el análisis de una única adjudicación realizada en 2010 a una veintena de empresas, de las que 17 serían fraudulentas, el 85%.
La Policía pretende extender la investigación al resto de provincias andaluzas y abarcar todo el periodo que va desde 2009 hasta 2012, con lo que el número de adjudicaciones pendientes de ser analizadas se torna casi incontable, ya que cada año en cada zona se han producido varias concesiones, todas ellas publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
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