La Audiencia Provincial de Madrid debe decidir estos días si admite el recurso presentado por Transparencia y Justicia contra la decisión del juez de seguir el proceso contra la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, por una falta de lesiones. La acusación popular solicita que ésta sea juzgada por un delito de desobediencia grave.
El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid decidió continuar el caso contra Aguirre por una falta de lesiones a consecuencia de que el pasado 4 de abril la dirigente popular decidiera darse a la fuga de unos agentes de Movilidad –que controlan el tráfico de la capital madrileña– que le estaban multando por aparcar en un carril bus en una céntrica calle de la capital. Al salir con su coche, tiró la moto de uno de los funcionarios, quien incluso ha aportado a la causa un parte de lesiones.
Tanto los agentes como una patrulla de la Policía Municipal, que fue alertada del suceso, siguieron a Aguirre hasta su domicilio, ya que la expresidenta de la Comunidad hizo caso omiso a los avisos de alto, según la versión de todos los agentes. En la causa, se personó la asociación Transparencia y Justicia, que ha solicitado ante la Audiencia Provincial de Madrid que el asunto siga por un delito de desobediencia grave, que lleva aparejada una condena de entre seis meses y un año de cárcel.El recurso fue interpuesto a finales de mayo, pero el tribunal todavía no ha resuelto.
Precisamente el mismo órgano judicial ya condenó a una mujer por un delito de desobediencia grave por un hecho similar. Ese caso, ocurrido en 2007 –aunque la sentencia de la Audiencia Provincial sea de hace algo menos de dos años–, juzgó a una mujer que aparcó en la madrileña estación de Atocha, en un carril de entrada en el que está prohibido el estacionamiento. Los agentes le informaron de que no podía aparcar en ese lugar, pero la acusada no escuchó la advertencia y salió del coche.Desobedecer a la autoridad
Cuando regresó, los funcionarios le anunciaron que iban a multarla, instante en el que ella subió al vehículo, lo puso en marcha y golpeó a uno de los agentes, que previamente le había ordenador detenerse. Los funcionarios, apoyados por otra patrulla, fueron detrás de ella, le ordenaron que se detuviese, pero la mujer hizo caso omiso hasta que fue interceptada en un semáforo en rojo. En este último proceso, el juez de instancia le condenó por un delito de atentado cometido con medio peligroso y por otro de lesiones a dos años y medio de cárcel. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid admitió parcialmente el recurso de la condenada y le rebajó la pena a un delito de desobediencia grave, que es el mismo que la acusación popular solicita para Esperanza Aguirre y que se tradujo en seis meses de prisión.
El tribunal entendió entonces que se ajustaba más a derecho argumentar que la conductora había desobedecido gravemente a la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Según explica la sentencia, el artículo 550 del Código Penal, que recoge la desobediencia grave, "describe como uno de los modos del delito de atentado el de la resistencia activa grave; es decir, queda definido el atentado por la nota de la actividad y la nota de la gravedad". Y añade: "Siendo esto así, por las propias declaraciones de los agentes policiales, no cabe inferir que la intención (dolo) de la acusada estuviera dirigida a acometer contra ellos, sino más bien a desobedecer sus mandatos consistentes en deponer su actitud. Y como quiera que su conducta fue reiterada, no podemos calificarla de leve, sino de desobediencia grave".
En el caso de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, los agentes de Movilidad no pudieron notificarle los dos boletines de denuncia que le habían interpuesto, porque ella decidió abandonar el lugar de los hechos antes de que éstos se lo permitieran. Una de las multas fue por aparcar en un lugar prohibido y la otra por no querer entregar la documentación obligatoria requerida.
Tras la persecución hasta el domicilio de Aguirre, los agentes de la Guardia Civil que escoltan su casa, dada su condición de exministra del Gobierno, intervinieron por ella y arreglaron el parte por el golpe que Aguirre había propinado a una de las motos de los agentes. También reconocieron la existencia de una víctima en el incidente.
Hasta que la Audiencia Provincial no tome ninguna decisión, el juez de instrucción sigue con la investigación. Ya requirió el testimonio de una camarera que presenció los hechos así como todas las cámaras de seguridad que había en la zona y que captaron el momento de la fuga.
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